"Queremos que se reconozca la capacidad legislativa valenciana"

La Associació de Juristes Valencians nació en 2013 como entidad de defensa de los intereses valencianos desde la perspectiva jurídica. En este periodo, y sobre todo en los últimos años, se ha caracterizado por convertirse en el principal impulsor social de la recuperación del derecho civil foral valenciano. Su presidente, José Ramón Chirivella, titulado en Derecho con dilatada trayectoria laboral, encabeza un movimiento de profesionales de la abogacía que reclama un derecho para los valencianos similar al que ya tienen aragoneses, baleares o navarros.

¿Cómo han pasado de reivindicar la reapertura de Canal 9 a encabezar la recuperación del Derecho Civil Valenciano?

-Creamos la asociación como una entidad de defensa de los intereses valencianos desde la vertiente jurídica. Reclamamos infraestructuras dignas, televisión propia o financiación justa. De hecho, participamos en la manifestación organizada por el Consell al respecto, en este último caso. El primer artículo publicado en nuestra web fue contra el cierre de Canal 9. Consideramos necesario un desarrollo generoso del Estatuto de Autonomía. Nuestra asociación se constituyó el 25 de abril de 2013, y en 2015 comenzamos a centrarnos en el derecho civil valenciano moderno.

¿Prefieren denominarlo derecho civil o derecho foral?

-Su nombre correcto es derecho civil foral valenciano, aunque en muchas ocasiones lo acortamos y decimos derecho civil.

¿Su punto de partida para acrecentar esa reivindicación viene por la sentencia del Tribunal Constitucional que lo anula?

-En 1707 el Decreto de Nueva Planta abole los fueros de Valencia, que pasa a formar parte de Castilla. Entre 2008 y 2016 el derecho valenciano volvió a estar vigente. Hasta que recurrió el Gobierno y el TC lo anuló en noviembre de 2016. No obstante, en gran medida sigue viviendo por los efectos de esos ocho años de aplicación. Calculamos que unos 300.000 valencianos se han visto afectados.

Desde el punto de vista pragmático, ¿cómo beneficia a un ciudadano de a pie disponer de derecho autóctono?

-Sirve para mucho, porque regula numerosas relaciones jurídicas entre particulares, en régimen económico matrimonial o custodia compartida. Por ejemplo, las parejas de hecho tendrían más derechos si se recuperara la legislación valenciana, ya que podrían utilizar la casa de su pareja en caso de fallecimiento de aquella y durante un año, o tendrían derecho sucesorio. Quien se inscribió durante esos ocho años de vigencia cuenta con esos derechos de por vida.

Para recuperarlo, han generado un movimiento social que plantea, como objetivo final, una reforma constitucional. ¿En qué punto se encuentra esa solución?

-En la actualidad constituye la única vía para que se reconozca el derecho civil valenciano. Nosotros hemos promovido que Les Corts Valencianes, como recoge el artículo 87,2 de la Constitución Española, planteen esa reforma constitucional. Cuatro partidos –todos los que tienen representación excepto Ciudadanos- han presentado la proposición de ley que se va a debatir en breve para que quede clara la competencia de derecho civil de la Comunidad Valenciana, al igual que ya tienen la suya otras autonomías como Aragón, Navarra, País Vasco o Baleares. Seguimos el camino previsto en la Constitución.

Además de mayoría política, ¿cree que existe respaldo suficiente entre la sociedad valenciana para recuperar el derecho civil autóctono?

-Desde luego. Más de 300 municipios, que representan a alrededor del 90% de la población valenciana, han aprobado, sin votos en contra, nuestra propuesta. La secundan numerosas entidades y colectivos de diversos ámbitos sociales, culturales o profesionales, además de personas de todas las tendencias. Incluso de Ciudadanos a nivel local, como el alcalde de Barx.

El próximo viernes 29 de junio han convocado un acto, a las siete de la tarde y en la Fundación Bancaja, por el derecho valenciano. ¿Va en la línea de reivindicación o tiene una vertiente más de movilización?

-El acto busca constatar precisamente el gran consenso social para recuperar el derecho civil. Asistirán numerosos representantes políticos también. Queremos que sea una manifestación de la unidad en este tema, de modo que el Congreso de los Diputados, que ha de aprobar la reforma constitucional que pedimos –y que para el Estado supone un cambio menor- compruebe el apoyo que suscita en la Comunidad Valenciana.

En sus actos insisten en ese aspecto de unión, también desde el punto de vista geográfico. ¿Existe el mismo respaldo a la reivindicación en toda la comunidad autónoma?

-Sí. Hemos recorrido numerosas comarcas y ciudades importantes, como El Maestrazgo, Elche, Alcoy…Se trata de una cuestión que afecta a cualquier vecino de la Comunidad Valenciana. Por ejemplo, y por volver a casos prácticos, permite unas normas sucesorias más adecuadas para una empresa familiar. Esta circunstancia atañe tanto a empresarios de las provincias de Alicante, Castellón o Valencia. Se trata, en definitiva, de que se reconozca nuestra capacidad legislativa como nacionalidad histórica sobre temas muy usuales, del día a día de los habitantes de la Comunidad Valenciana.