Un informe pericial concluye que el pen del caso Imelsa fue manipulado adrede
El perito señala que el pen que entrega el ex suegro de Marcos Benavent se conectó a un ordenador para eliminar o manipular grabaciones de políticos un día antes
Marcos Benavent, ex gerente de Imelsa, en el banquillo
Un informe pericial encargado por el ex presidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, y aportado a la causa del caso Imelsa corroboraría el cambio de versión dado por el ex gerente de la empresa, Marcos Benavent -apodado el yonki del dinero- según el cual las grabaciones de conversaciones realizadas a varios políticos implicados en la causa estarían manipuladas de forma intencionada.
En este sentido, el informe pericial establece que Mariano López, ex suegro de Marcos Benavent, entregó un pen con las grabaciones que se conectó a un ordenador el día antes de ser entregado a la Fiscalía con la intención de manipular o eliminar algunas grabaciones contenidas.
Asimismo, el pen que entregó la entonces diputada provincial de EU -y ahora consellera de Transparencia-, Rosa Pérez Garijo, se grabó un día antes de su denuncia ante la Fiscalía pese a que la política manifestó que se lo habían dado tres semanas antes -posiblemente porque se lo había dado el ex suegro de Marcos Benavent-.
Tras la denuncia de Rosa Pérez, el fiscal llama a Mariano López, ex suegro de Benavent, que le dice que tiene otro pen o el ordenador de donde supuestamente salieron las grabaciones, y dos días después entrega el pen y el ordenador, pero el pen se conecta un día antes a un ordenador para ser manipulado antes de ser entregado al fiscal.
A partir de ahí, la UCO investiga con el pen entregado por Rosa Pérez Garijo grabado un día antes por ella o por otra persona. La UCO nunca trabajó con el pen ni con el ordenador proporcionado por el ex suegro de Marcos Benavent, y el fiscal nunca autorizó un análisis forense del ordenador. Ha sido ahora el juez, 30 días antes del juicio, quien ha permitido el análisis forense del ordenador.
El fiscal y el juez decretaron el secreto de sumario y la consellera Rosa Pérez Garijo por su cuenta establece una investigación paralela a la de la UCO, lo que podría ser constitutivo de delito, y realizó además una ampliación de la demanda inicial, cuando debería haber aportado toda la información cuando denunció el caso.