La convivencia en los centros educativos ante situaciones de violencia

La convivencia escolar es un factor fundamental para poder llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Un buen clima en las aulas es indispensable para que puedan desarrollarse las clases correctamente. No obstante, según los datos revelados por una reciente encuesta realizada por el sindicato CSIF a nivel estatal, las situaciones de violencia con las que conviven maestros y profesores son alarmantes.

De los datos ofrecidos por los dos mil encuestados, se concluye que el noventa por ciento de los docentes convive con situaciones de violencia y, lo que es peor, el setenta y cinco por ciento de los docentes percibe que no tiene autoridad o muy poca. El personal docente sufre situaciones de violencia de baja y alta intensidad. Esta violencia la encontramos tanto en las aulas en la relación profesor-alumno, como desde fuera de las aulas, en la relación profesor-padres.

Por un lado, en las aulas, los docentes convivimos con situaciones contrarias a la buena convivencia. Cuando hablamos del “malestar” continuo que padecemos los docentes por no poder desarrollar bien nuestro trabajo en clase debido a comportamientos disruptivos o conductas de indisciplina, estamos ante un problema de violencia de baja intensidad. El docente identifica y convive continuamente con todo tipo de conductas incompatibles con un buen clima de convivencia: retrasos reiterados e injustificados, negativa a cumplir las normas, desconsideraciones u ofensas, etc.

Por otro lado, cuando hablamos de agresiones físicas, verbales, amenazas, coacciones, humillaciones, etc., así como también una violencia de baja intensidad prolongada en el tiempo, estamos ante un problema de violencia de alta intensidad. Situaciones que afectan muy negativamente al docente. Profesional que vive con disgusto, estrés y ansiedad esta violencia. Tanto la violencia de baja como de alta intensidad están tipificadas en los artículos 35 y 42 del Decreto 39/2008 del Consell (DOCV 5.738). El llamado decreto de convivencia en los centros escolares de nuestra comunidad.

Por otro lado, desde fuera de las aulas, los docentes también estamos expuestos a situaciones de violencia. Con los padres el contacto no es diario, pero éstos también pueden ejercer cualquiera de los dos tipos de violencia anteriormente descritos. Presiones para que apruebe al hijo, críticas y descalificaciones infundadas tanto al docente como a su forma de trabajar; incluso acoso, insultos, amenazas, agresiones...

El uso de la tecnología, o mejor dicho, el mal uso, es una fuente más de violencia escolar. Un claro ejemplo son los servicios de mensajería instantánea que ofrecen las aplicaciones móviles. La más conocida es aplicación WhatsApp. Esta aplicación aumenta las posibilidades de interacción entre las personas y, con ello, la probabilidad de conflictos. Así por ejemplo los docentes nos hemos encontrado un lunes con reyertas entre alumnos cuyo origen se había generado fuera del centro y fuera del horario escolar, un domingo por la tarde.

De forma análoga, en los grupos de WhatsApp que hacen los padres a principio de curso para estar en contacto suele ser otra fuente de conflictos si no se utiliza debidamente. De esta forma, más de un progenitor lo ha utilizado verter críticas y descalificaciones infundadas hacia los profesionales de la enseñanza. Se empieza con críticas hacia el docente y se puede terminar insultándole.

Cuando los mecanismos de prevención para las situaciones de violencia no han sido suficientes, llega el momento de aplicar las normas de convivencia. La más inmediata es el mencionado Decreto 39/2008, en su menor o mayor grado; mediante el cual, según lo sucedido, se aplicará la medida educativa correctora oportuna. Pero cuando, aún con éste decreto no es suficiente o si se decide formular una denuncia, entramos en la vía jurídica.

Tanto en el sendero legal de la vía administrativa como en el de la penal, cabe señalar que, según la Ley 15/2010 (DOCV 6.414) los docentes somos autoridad pública. Un reconocimiento que se hizo hace más de siete años, pero que es insuficiente puesto que está todavía por desarrollar, concretar en normas más efectivas. Entre ellas, que se contemple la posibilidad de que la Conselleria denuncie de oficio ante ciertos casos de violencia. Puesto que los docentes muchas veces no se atreven a denunciar por temor a represalias.

*Portavoz de CSIF Educación Comunidad Valenciana