Diputados de PSPV y Compromis en el punto de mira por Divalterra

El cuatripartito de izquierdas que gobierna la Diputación de Valencia ha decidido cerrar Divalterra tras la Operación Alquería en la que Jorge Rodríguez fue detenido y luego puesto en libertad con cargos. Un decisión tomada de urgencia a instancias de la presidenta en funciones María Josep Amigó (Compromís), sin esperar siquiera al nombramiento del sustituto de Rodríguez.

El escándalo en la corporación provincial puede tener aún mayores dimensiones. En las últimas horas existe el temor de que la mayoría de miembros del consejo de administración de la antigua Imelsa pasen a ser imputados en la causa que investiga el juzgado número 8 de Valencia por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos. Quizá por ello en el entorno del secretario de organización del PSOE, el valenciano José Luis Ábalos, se barajaba un nombre diferente al de Antoni Gaspar como presidenciable. El nombre de un diputado que estaría al margen del tsunami que se ha convertido la empresa pública.

Las actas del consejo de administración de Divalterra son claves en la investigación que, al parecer, abrieron abogados del Estado incluso antes que las denuncias presentadas por trabajadores y partidos políticos. Las declaraciones el viernes de los testigos ya han dado algunas pistas sobre una posible ampliación de las imputaciones.

El 24 de julio de 2015 se aprobaba el nombramiento del presidente, vicepresidente y nuevo gerente de la entonces Imelsa. El diputado del PP Rafael Soler advirtió, según consta en el acta, de que se estaba cometiendo una ilegalidad. Una denuncia que luego provocó la elaboración de hasta doce informes jurídicos para dar validez a la contratación a dedo de diez cargos del PSOE y Compromis con puestos de dirección en la empresa pública.

Además de Jorge Rodríguez y de la vicepresidenta Maria Josep Amigó, en el consejo votaron a favor Pablo Seguí, Mercedes Berenguer, Antoni Gaspar, Emili Altur, Josep Bort, Pilar Moncho, Iván Martí, José Enrique Aguar, Roberto Jaramillo y Rosa Pérez. A dicha reunión también acudieron José Manuel Orengo,entonces jefe de gabiente del presidente, Josep Ramón Tiller, que fue nombrado gerente de Divalterra. Estos dos últimos, del denominado clan de Gandía que fueron relevados por Rodríguez.

Pese a la denuncia inicial, los responsable de Divalterra continuaron ampliando la nómina de altos cargos. El último acuerdo adoptado el día 19 de febrero pasado ha sido determinante para que los gerentes Agustina Brines y Xavier Simón fueran, al igual que el presidente Rodríguez, detenidos y procesados. En dicho consejo de administración se aprobó el nombramiento de directores de área de Divalterra. Únicamente los representantes del PP y de Ciudadanos votaron en contra al tiempo que subrayaron que se estaba cometiendo una nueva ilegalidad.

Aunque algunos diputados mantiene ahora su desconocimiento en la toma de decisiones en Divalterra, lo cierto es que durante un año, mes tras mes, el consejo se reunía para aprobar las nóminas de los trabajadores. Una situación que se "corrigió" con la incorporación de Simón.

Los socialistas temen ahora que Antoni Gaspar, el candidato de los socialistas a relevar a Rodríguez para presidir la diputación, sea citado a declarar por el juzgado no como testigo sino como investigado. En situación similar se encontraría el resto de miembros del consejo de administración de Divalterra que votaron las contrataciones. De confirmarse esta hipótesis, los socialistas tendrían que decidir si mantienen su línea roja y apartan del partido a los investigados. Lo mismo tendría que decidir con Compromís con sus diputados.

Quizá por ello, Ábalos y su equipo defienden el nombre de José Ruiz como presidenciable. Ruiz no participó ni delegó su voto en los polémicos consejos de Divalterra. Estaría por lo tanto "limpio". Ruiz fue uno de los dos diputados que no se hizo la foto de despedida con Rodríguez.

El anunciado cierre de Divalterra está provocando disensiones en el cuatripartito. Rosa Pérez (EU), que ya estuvo en el consejo la anterior legislatura, sería una de la voces más proclives a la drástica decisión.