La denuncia por prevaricación y malversación contra Oltra y Puig se complica

El caso del paro de Oltra puede atragantársele a presidente Ximo Puig más de lo que en un principio podía pensarse. El Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE) tramitó la prestación de desempleo de la dimitida Mónica Oltra con un certificado de la Generalitat Valenciana en el que se hacía constar el “cese involuntario”, este certificado y el propio decreto firmado por Ximo Puig por el que cesaba a Mónica Oltra como como vicepresidenta de la Generalitat, portavoz y secretaria del Consell y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, no hacen sino corroborar la denuncia del diputado Vicente Fernández ante el Tribunal Superior de Justicia.

El parlamentario en Les Corts Valencianes (ex de Ciudadanos) puso en conocimiento de los tribunales que si Mónica Oltra cobraba el paro tenía que ser porque se le había arreglado, “ya que quien dimite voluntariamente no puede nunca cobrar prestación por desempleo”. De la información publicada ahora por El Español parece que fue así, el Consell en general, y Ximo Puig en particular, obviaron en todo momento que la ex lideresa de Compromís había dimitido públicamente, por lo que su cese era voluntario y no involuntario, tramitando su expediente como cese por decisión del Presidente y silenciando toda mención a su dimisión.

Este matiz voluntario o “involuntario” es la clave, ya que según el artículo 267 de la Ley General de Seguridad Social sólo podrían obtener el desempleo los altos cargos en los que su cese se produzca con carácter involuntario, parece pues que alguien en el Consell ‘amañó’ intencionadamente lo necesario para que Oltra pudiera cobrar el paro.

En este sentido, el diputado Vicente Fernández ha reclamado en la Corts diferente documentación, entre ella la “copia integra de toda la documentación que se haya entregado a doña Mónica Oltra Jarque, con ocasión de la finalización de los servicios prestados para el Consell, incluido certificado de empresa, sea quien sea el órgano emisor (la Generalitat Valenciana, Presidencia, Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas o el propio Consell), así como el resguardo remitido al SEPE a través de la plataforma contratos”.

De la información publicada el SEPE parece desmarcarse de este asunto y alega que en ese certificado de empresa, emitido por la secretaria general de la Conselleria (Presidencia o Igualdad y Políticas Inclusivas), se hacía constar el carácter involuntario y no la dimisión de Mónica Oltra, motivo por el que se tuvo que conceder el paro, un paro al que no tendría derecho por su dimisión según el artículo 267 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social por el que no se considerará en situación legal de desempleo a los trabajadores que cesen voluntariamente en el trabajo.

Puestos en contacto con el abogado y parlamentario , éste no ha querido hacer declaraciones sobre la marcha de su denuncia ante el TSJ: “Permítame que no les informe por deontología profesional de ninguna actuación judicial en marcha”, pero si se ha pronunciado sobre la información aparecida, en este sentido ha declarado que: “Es claro que en dicho documento y en el decreto de su cese se ha omitido la dimisión, esta es la clave, ya que gracias a esa omisión se le ha concedido una prestación indebida, es público y notorio que Oltra dimitió antes de que la echaran, por lo que la Inspección de Trabajo debería actuar de oficio".

"En todo caso, -prosigue- si finalmente resulta que Oltra nunca presentó su carta de dimisión, sino que realmente fue cesada, habría responsabilidades políticas por parte de ambos; de Oltra que mintió a los Valencianos, pero también de Ximo Puig, ya que éste en sede parlamentaria también nos dijo que había dimitido. Por tanto, si dimitió ha habido connivencia para que Oltra obtenga indebidamente una prestación por desempleo , pero si la realmente la cesó, mintió a los Valencianos para salvar su pacto de gobierno con Compromís.”

Preguntado sobre qué opinión le merece la respuesta del SEPE que no ha querido pronunciarse sobre que hubiera pasado de haberse puesto en la documentación entregada el carácter de dimisión de Oltra, ha señalado: “Otra vergüenza más, ¿qué es eso de no pronunciarse sobre algo que la Ley dice claramente? Para usted, para mí, para todos, irse voluntariamente del trabajo significa que no hay paro, todos los sabemos pero parece que aquí quien tiene algo de poder siempre piensa en tratar a los demás de tontos”.

El presidente "escondido"

Por otra parte, el PP ha solicitado a Presidencia de la Generalitat la documentación del cese de Oltra “por posibles irregularidades” al transformar su dimisión en cese involuntario y así poder cobrar la máxima prestación por desempleo.

Para la portavoz adjunta Elena Bastidas, la Generalitat ha podido incurrir en una irregularidad al convertir la anunciada y proclamada dimisión voluntaria de Oltra en justo lo contrario, en un cese involuntario y así poder acceder al máximo cobro de prestación por desempleo. "Parece evidente que la Generalitat vistió de cese involuntario la dimisión de Oltra para facilitarle cobrar el paro máximo. Resulta muy sospechoso que mientras en el DOGV figurase como "cese” sin más, en el posterior certificado se transformó en "cese involuntario". Queremos saber quién decidió este cambio desde Presidencia de la Generalitat, quién ha tergiversado el documento oficial y porqué”.

Bastidas ha recordado que “mientras a Oltra le arreglan lo suyo, son ya 15 los altos cargos imputados en el Caso Oltra y el president Puig "sigue escondido y sin asumir ninguna responsabilidad por la gestión de este caso que afecta al ex marido de la ex vicepresidenta”.