Un Gobierno tramposo: injerencias en la campaña electoral

Este Gobierno está dando más trabajo que ningún otro a la Junta Electoral Central (JEC).  Son muy numerosas las veces que han tenido que expedientar o multar a algún miembro del Consejo de Ministros por utilizar actos oficiales con fines propagandísticos en medio de una campaña electoral.

Este martes, sin ir más lejos, el presidente Pedro Sánchez aprovechó un evento institucional en Alicante con motivo del Día de Homenaje a las Víctimas del Exilio para lanzar una soflama contra el PP y contra Vox a costa de las leyes de concordia que se han aprobado en varias comunidades donde gobiernan juntos ambos partidos.

Llueve sobre mojado porque en esa misma campaña catalana la JEC ya ha abierto expediente a Sánchez por vulnerar la “neutralidad política” piropeando al candidato del PSOE, Salvador Illa, utilizando el lema electoral del PSC, durante su visita a Oriente Medio. Y no es la primera vez. Por ejemplo, el presidente del Gobierno ya fue multado en 2023 con 2.200 euros por criticar a PP y Vox en un Consejo Europeo en plena campaña.

Es verdad que este tipo de cuestiones pueden parecer minucias si las comparamos, por ejemplo, con comprar su investidura a unos políticos delincuentes con una ley de amnistía inconstitucional o con pactar con los proetarras de Bildu y entregarles la alcaldía de Pamplona. Es cierto, es una minucia, pero tiene la misma raíz: la deriva autocrática del Gobierno.

Es bastante probable que la Junta Electoral multe o expediente a Sánchez por sus palabras en Alicante por violar la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, que prohíbe realizar “manifestaciones con contenido valorativo y electoralista”.

También tiene motivos de sobra para hacer los mismo con lo sucedido en la última rueda de prensa del Consejo de Ministros, en la que un cuarteto de ministros dio un auténtico concierto de ataques y descalificaciones al PP. Pilar Alegría, Óscar Puente, Ángel Víctor Torres y Diana Morant cargaron sin disimulo desde la sala de prensa de la Moncloa contra los de Feijóo.

También el presidente del CIS, José Félix Tezanos, se expone a una multa de la JEC de hasta 30.000 euros por la encuesta que realizó para preguntar por los cinco días de reflexión de Pedro Sánchez tras la investigación abierta por un juez contra Begoña Gómez. Tezanos, al servicio del Gobierno, se saltó la debida neutralidad que debe mostrar el CIS.

Es evidente que Sánchez sabe que ni él ni sus ministros deben hacer ese uso partidista de las instituciones, que los actos oficiales no son mítines y menos cuando estamos inmersos en procesos electorales. Lo hace porque le da igual, porque su respeto a las normas es casi nulo. Estamos ante un político que piensa que todo vale si le favorece a él.