La corrupción de UGT se reaviva en medio de las primarias socialistas andaluzas

El pasado sigue persiguiendo al socialismo andaluz. La corrupción que desde hace años fue tónica habitual en la Junta y que llevó al desalojo del de San Telmo tras casi 40 años como inquilinos, vuelve a reaparecer en medio de una nueva lucha por el poder en el seno de los socialistas. Un pasado que Ferraz quiere olvidar pero que irrumpe en medio de las primarias.De hecho, el juez que investigaba el desvío de más de 40 millones de dinero público que debía ser destinado para la formación de trabajadores y parados ha acordado reiniciar la causa y traslarla a la Audiencia Provincial, iniciando así el juicio oral en el que se sentarán en el banquillo los principales líderes del sindicato, afines a Susana Díaz.

Los investigados son el ex vicesecretario de Organización y ex secretario general del sindicato Francisco Fernández Sevilla; el que fuera secretario general de Administración de UGT-A; la ex secretaria de Gestión Económica; la ex responsable del departamento de Compras de UGT-A; el consejero delegado de la entidad Soralpe I Mas P Asociados S.L., y diez personas que actuaron como proveedores del sindicato a través de las empresas que representaban.

Los líderes sindicales están acusados de un presunto delito continuado de fraude de subvenciones en concurso con un delito continuado de falsedad en documento mercantil, derivado de la práctica de las supuestas facturas falsas, mediante la cual habrían sido defraudados 40.750.047,74 euros de subvenciones públicas.

El pasado 13 de marzo de 2020, justo antes del primer estado de alarma frente a la pandemia, el magistrado dictó un auto en el que acordaba la apertura de juicio oral contra los 15 investigados tras recibir los correspondientes escritos de acusación presentados por la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones particulares ejercidas por la Junta de Andalucía y el PP-A.

Los hechos

El juez relataba que entre 2009 y 2013, mediaron "procedimientos concertados entre los responsables de UGT-A y determinados proveedores, a fin de que de una forma coordinada, pudieran facilitar al referido sindicato una vía de financiación para la práctica de sus actuaciones propias", incurriendo en ello en "la aplicación de los fondos recibidos a través de subvenciones públicas a unos fines distintos al destino que dichos fondos deberían haber tenido", que eran "la práctica de acciones formativas, a personal ocupado y desocupado".

"En la consecución de aquellos fines fraudulentos de financiación era precisa la implicación de sociedades que, como proveedores, facilitaran la infraestructura documental y contable que permitiera obtener fondos destinados a formación, para poder desviarlos, con el fin de sostener los gastos corrientes del sindicato", explicaba el juez instructor, según el cual "el cómputo global de las cantidades defraudadas en los expedientes en los que se ha contado con la información documental necesaria asciende a 40.750.047,74 euros".

Ya en el auto de apertura de juicio oral, el juez señalaba la "relación existente" entre los miembros de la antigua cúpula de UGT-A y la propia organización sindical, indicando así "la presunta responsabilidad civil subsidiaria" de UGT Andalucía, por lo que procedía "requerir a dicha entidad para que preste fianza a fin de asegurar la responsabilidad civil que pueda derivarse de la causa".

Lo mismo consideraba el juez respecto al resto de investigados y su relación con las empresas proveedoras de UGT Andalucía, a las que también atribuía su "presunta responsabilidad civil subsidiaria", considerando además que corresponde a la Audiencia de Sevilla la celebración del juicio por un presunto delito continuado de fraude de subvenciones en concurso con un delito continuado de falsedad en documento mercantil en el caso de Fernández Sevilla y los demás exmiembros de UGT-A, y como cooperadores necesarios de tales delitos en el caso de los restantes investigados como responsables de las empresas proveedoras del sindicato.