UGT se resiste a pagar la millonaria fianza impuesta por los ERES en Andalucía

La UGT quiere recurrir a la "vía catalana" para evitarse depositar la fianza de 9.7 millones de euros impuesta por el juez por su participación directa en el escándalo de los ERES en Andalucía, el mayor de la historia de España por su dimensión económica, en torno a 700 millones de euros; y la extensión de la lista de condenados, 19. Entre ellos dos presidentes de la Junta, los socialistas José Antonio y Manuel Chaves.

La "vía catalana" se refiere a la resistencia de los condenados a asumir el pago impuesto por el Tribunal de Cuentas para compensar el menoscabo de fondos públicos perpetrado en ambos casos y que, según ha deslizado el sindicato socialista a El País, "paralizaría" su funcionamiento.

La central tiene, sin embargo, un presupuesto anual de casi 20 millones de euros, de los cuales cerca de 9 se dedican solo a personal, más que las cuentas totales de la Casa Real para todas sus actividades, según ha constatado ESdiario consultando la información oficial que el sindicato está obligado a difundir por la Ley de Transparencia, correspondientes al ejercicio liquidado de 2019.

La cantidad reclamada por el Tribunal, en un acta de liquidación fechada a mediados de julio pero conocida en las últimas horas, obliga al sindicato a depositar los millones con inmediatez, sin que esté claro que el recurso presentado pueda posponerlo todo.

Lo curioso es cómo UGT alega "indefensión" para ahorrarse el dinero y apela a su "función constitucional" alertando de que, si prosigue la reclamación, conllevaría el "inmediato bloqueo económico-financiero del sindicato y por tanto que no tenga medios suficientes para llevar a cabo su función constitucional".

Cuando sí denunciaba la corrupción

El sindicato reclama ahora una condescendencia que no tuvo, por ejemplo, en las dos mociones de censura contra el PP presentadas por Podemos en 2017 y por el PSOE en 2018 con la justificación de una corrupción que finalmente desalojó a Rajoy de La Moncloa, pese a que el entonces presidente no estaba inmerso en ninguna causa judicial como imputado y se limitó a acudir como testigo a una pieza "menor" de la Gürtel.

Ambos intentos contaron con el respaldo de UGT y CCOO, que aplaudieron el acceso al Gobierno de Pedro Sánchez del que acaban de cumplirse tres años. El máximo dirigente del sindicato socialista, Pepe Álvarez, saludó el cambio con entusiasmo y lo justificó en un un supuesto descontento ciudadano: "Que eso se exprese con nitidez en el Parlamento, más allá del voto de los diputados y diputadas, es algo extraordinariamente positivo", dijo entonces.

La UGT utiliza argumentos similares a Junqueras para evitarse pagar de su bolsillo la fianza judicial por el escándalo de los ERES en Andalucía

La trama de los ERES lleva diez años abierta y ha demostrado el complejo sistema de desvío de fondos públicos desarrollado desde la Junta de Andalucía bajo dos presidencias socialistas, con la excusa de destinarlos a trabajadores afectados por el desempleo o a empresas en crisis que, en la práctica, no cumplían los requisitos o incluso no estaban en esa situación.

Segundo varapalo en un año

El contundente fallo contra UGT llega un año después de otro de enorme impacto, que acabó con la condena de otro histórico dirigente sindical. El Tribunal Supremo confirmó el verano pasado su sentencia a tres años de cárcel de José Ángel Fernández Villa, al frente durante años de la central en Asturias; por apropiación indebida de 234.000 euros en dietas para el sindicato, por su asistencia a los consejos de Hunosa, que en realidad se quedó para sí mismo. La punta del iceberg, nada más, de una sombra inmensa que rodea su actividad durante 34 años al frente del sindicato.

Un informe de la UCO, difundido en septiembre de 2019 por El Mundo, elevaba a 31 millones de euros el dinero que aquella UGT despistó de una gran subvención lograda, tras forzar al Gobierno a cambiar incluso leyes, con la excusa de construir un geriátrico para mineros. Este episodio, sobre el que aún pesan las dudas, resume mejor la carrera de Villa.

Villa, que llegó a ser senador del PSOE entre 1999 y 2003, es ahora un apestado. Pero también un símbolo de una época de rapiña que destrozó la imagen del sindicato, entre los lujos de su capo en Asturias y las mariscadas de su élite en Andalucía.

La sentencia del Supremo, a la que accedió ESdiario, es un epitafio demoledor en su totalidad, pero en especial por este párrafo: "Se desprende una conducta ininterrumpida desde el año 1989 hasta el año 2012 en la que el recurrente, prevaliéndose del ejercicio de sus cargos sindicales, hizo suyas diversas cantidades de las organizaciones que representaba, no dándoles el destino que les correspondía, existiendo un dolo de continuidad en todos los hechos".

Peccata minuta, no obstante, al lado de la inmensidad económica del desfalco en Andalucía, del que da cuenta la complejidad de una tramitación judicial que, diez años después de comenzar, aún tiene pendientes algunos capítulos.