El agujero negro de la Administración paralela del PSOE andaluz empieza a caer

"Nos llevará tres legislaturas". La frase es un mantra habitual en los despachos del palacio de San Telmo, sede del Gobierno de Andalucía, y hace referencia a la complejidad para desmontar la inmensa Administración paralela montada por el PSOE durante casi cuatro décadas en el poder.

El laberinto de institutos, organismos, fundaciones y entidades de todo tipo es peor que el laberinto del Minotauro en Creta, y de ello da cuenta un simple dato: identificarlos y entender cómo funcionan, quiénes trabajan, cómo llegaron allí y para qué sirven 54 de ellos ha costado más de dos años de legislatura para concluir que todos, salvo uno, presentan estrepitosas lagunas.

Lo ha recogido la Junta en un informe que recoge las conclusiones de 33 de esos 54 organismos y que, pese a estar redactado con la sutileza institucional que impone elevarlo a público, es un compendio de sospechas clientelares que dan contexto a aquella Andalucía de los ERES que concluyó con las condenas de dos expresidentes, Griñán y Chaves; y la derrota de otro más, Susana Díaz, hoy desalojada también de su propio partido para darle el relevo a Juan Espaldas, sin discurso conocido para distanciarse de esa negra etapa.

Fuentes del Gobierno autonómico reconocen a ESdiario la "dimensión" del problema y la limpia que el Gobierno de Juanma Moreno lleva haciendo casi desde su investidura, con el tono habitual en él: poco a poco, sin hacer ruido de más, pero sin temblores en la mano. Y lanzan un mensaje: nadie que consiguiera un trabajo por enchufe en uno de esos "chiringuitos" lo mantendrá.

El "Sector instrumental"

Pero nadie que lo obtuviera siguiendo los procedimientos legales, lo perderá. De la dimensión de los desperfectos da cuenta el hecho de que, a pesar del cuidado que le han puesto los auditores a su trabajo para salvarlo de toda connotación partidista, solo un ente, la Agencia Andaluza de Energía, recibe el aprobado claro y sin tacha.

La difusión de la auditoría es solo el primer paso de una reforma profunda de la Administración andaluza que el Gobierno quiere rematar con su Plan de Mejora y Simplificación del Sector Público Instrumental, uno de los anuncios más madrugadores de Moreno al llegar a la presidencia y que se espera vaya al Consejo de Gobierno a no mucho tardar, cuando se despeje el proceso de adjudicación de su elaboración.

La Administración paralela del PSOE en Andalucía es un laberinto clientelar que se desmonta desde el primer día pero llevará años concluir

Para entender de qué estamos hablando, basta ubicar el contexto en el que empieza a desentrañarse la madeja de la "Administración paralela": coincide con la resolución del Tribunal de Cuentas en la que reclama 9 millones a UGT y tres a CCOO por haber menoscabado los recursos públicos con su participación directa en el escándalo de los ERES.

Que nunca hubieran sido posibles sin esa madeja clientelar que ahora, poco a poco, empieza a desmontarse. Moreno comenzó su andadura cesando a cientos de personas (se habló de hasta 2.600) que, entre asesores, colocados y reubicados; costaban 50.000 millones de las viejas pesetas a los andaluces. Ahora está en acabar con las casas que les daban cobijo, tan innecesarias en muchos casos como rimbombantes son sus nombres.

Entre enchufados y prostíbulos

Uno de los casos más sonados para comprender hasta qué punto el derroche y las complicidades han sido habituales durante 36 años fue el de la Faffe. En ese monumental escándalo quedó incluso claro que la entonces presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, no atendió durante dos años los requerimientos insistentes de la Guardia Civil para que facilitara los movimientos de caja de aquel chiringuito público desde el que se gastaron miles de euros en prostíbulos y en el que se colocaron a decenas de personas próximas al PSOE.

Así constaba en el atestado oficial de la benemérita, al que accedió en su día ESdiario, que derriba la estrategia de Díaz de distanciarse por completo de un escándalo que, sumado al de los ERES y tantos otros, dibuja un paisaje atronador de enchufismo, derroche y corrupción en la Andalucía gobernada por los socialistas hasta hace poco más de dos años.

El informe de la Guardia Civil consta de 48 páginas y demuestra que la Junta de Andalucía conocía perfectamente las investigaciones que se dirigían a una Fundación opaca y que, sin embargo, no hizo nada hasta que el entonces presidente del PP y hoy también de la Junta, Juanma Moreno, denunció este escándalo en una rueda de prensa celebrada frente a uno de los puticlubs donde altos cargos de Faffe dilapidaron miles de euros de dinero público.

El atestado también destruye la estrategia huidiza de la presidenta andaluza con respecto a la actividad de la Faffe, que según dijo ella misma se creó cuando ella cursaba los estudios de COU: en realidad, en el apogeo de algunos de los excesos de este organismo instrumental de la Junta, en el año 2009, ella ya ejercía de secretaria de Organización del poderoso PSOE andaluz de Chaves y Griñán.

La Junta miró para otro lado dos veces

En el folio 46 del denso atestado elaborado por la UCO, se da cuenta de dos intentos oficiales de obtener la información completa de los gastos de caja y tarjetas hechos por directivos de FAFFE, en sendos oficios dirigidos a los responsables de la fundación, dependientes de la Junta, fechados el mismos 23 de mayo de dos años distintos, 2016 y 2018, sin ningún resultado. "No se ha obtenido ninguna información al respecto", concluye la Guardia Civil en su demoledor informe.

Una parte del informe de la UCO que, en el tercer párrafo, confirma la negativa de la Junta de Andalucía a atender sus requerimientos sobre los gastos de FAFFE

Susana Díaz intentó por aquel entonces distanciarse del nuevo escándalo en su Administración apelando a que ella no formaba parte del poder andaluz en los años en que ocurrieron, pero el estudio de la Guardia Civil lo desmonta al describir una espiral de abusos con dinero público, en prostíbulos, hoteles, restaurantes, peajes e hipermercados, en el periodo comprendido entre 2004 y 2011.

El escándalo de la FAFFE apunta al gasto de al menos 31.000 euros en locales de prostitución por parte de altos cargos de la Junta de Andalucía y viene a sumarse a la ristra de problemas judiciales del PSOE en la región, resumidos en unas cifras contundentes: más de 30 causas abiertas, 600 imputados y dudas sobre al menos 3.000 millones de euros. Nada similar a ningún otro caso de corrupción en toda España. Y aún no se ha escrito su epílogo.

"Al PP-A nunca le han gustado la administración paralela, las puertas traseras para entrar en la administración, que se confunda la Junta con el PSOE y que se confunda militar en el PSOE con trabajar en la Junta", resume José Antonio Nieto, portavoz popular en el Parlamento, a modo de aviso para navegantes.