Los ERES fraudulentos de la Junta de Andalucía suman otros 6,3 millones
El juez del caso investiga las ayudas otorgadas por la Junta de Andalucía a Yogures Andaluces, en los que el exsindicalista de UGT, Juan Lanzas, era el "conseguidor" de los fondos.
Otro desfalco de los EREs andaluces acorrala al líder de UGT, en la imagen junto a Sánchez.
Los escándalos de corrupción se suceden. Uno tras otro, aparecen casos de prevaricación, tráfico de influencias, contrataciones irregulares y malversación de fondos públicos. Esta era la forma en la que los gobiernos socialistas manejaban el dinero de todos los andaluces, que difícilmente podían aspirar a vivir en una tierra próspera, más bien lo contrario, en un territorio marcado por el desempleo y la desigualdad.
Millones de euros se han perdido y no se sabe ni la cifra que se ha usado de fondos públicos de la Junta de Andalucía para otros fines bien distintos, que varían de joyas a puticlubs pasando por pagas extras o para financiar empresas afines al PSOE-A.
En esta ocasión el juez José Ignacio Vilaplana, al frente de la macro causa de los expedientes de regulación de empleo (ERE), investiga una pieza separada centrada en las presuntas irregularidades en las ayudas que la Junta de Andalucía concedió a Yogures Andaluces S.A. (Yogan) por un importe de 6.379.142 euros.
El juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla cierra la investigación y procesa por tercera vez al exsindicalista de UGT, Juan Lanzas, al que señala como “conseguidor” de los ERES y a otros tres exdirectivos de la empresa implicada. El juez considera en el auto publicado que los hechos denunciados pudieran ser constitutivos de presuntos delitos de prevaricación administrativa, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos.
Lanzas se enfrenta a la petición de siete años de prisión por el caso ERE de Mercasevilla y otros siete por el ERE de la empresa Río Grande, pero ahora puede seguir sumando años de cárcel por esta nueva causa. En ella están implicado el exsindicalista, que en el momento de los hechos ocupaba el cargo de secretario general de la Federación Agroalimentaria de UGT; los exdirectivos de Yogan Juan Carlos Marín y Eloy Martín; y el consejero delegado de Corporación Alimentaria Peñasanta S.A. (Capsa Food, que es la denominación actual de Yogures Andaluces), Pedro Astals.
El exsindicalista de UGT, Juan Lanzas.
Asimismo, el instructor acuerda continuar las diligencias, en calidad de responsables civiles subsidiarias, contra las entidades Yogures Andaluces (Capsa Food), Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT (UGT-FICA), UGT y UGT-A.
El instructor explica que no es posible depurar la responsabilidad penal ni continuar el procedimiento por su participación en estos hechos presuntamente delictivos contra los exconsejeros de Empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández y el ex director general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero, ya fallecido, pues “ya habrían sido encausados” y excluidos de la causa por la Audiencia.
La ayuda se concedió de forma “ilícita y fraudulenta”
En el auto se precisa que la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía otorgó a la entidad Yogures Andaluces “de manera ilícita y fraudulenta”, esta ayuda de 6,3 millones, “para satisfacer el pago de las indemnizaciones por despido de sus trabajadores afectados por el ERE mediante la financiación de un seguro de rentas vitalicio”.
Una financiación pública que se negoció entre particulares y de forma privada, al margen de cualquier procedimiento legal, entre el titular de la Dirección General de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, y sus superiores, y los cuatro investigados.
Toda una trama en el que la Junta de Andalucía otorgaba ayudas millonarias sin control, de forma “injusta y arbitraria” especifica Vilaplana. Ni se acreditaba nada ni se controlaba administrativa y fiscalmente el destino de los fondos.
Lanzas era de nuevo el “conseguidor” de los fondos
Aprovechándose de la cobertura protectora que le otorgaba el sindicato y como intermediario de la consultoría Vitalia, Juan Lanzas, fomentó activamente entre 1997 y 2002 la concesión y pago de las ayudas, a sabiendas de su ilicitud y en relación directa con los responsables de la Junta.
Él era el intermediario y por ello obtenía elevadas “gratificaciones” procedentes de las sobrecomisiones que, a su vez, venían a cobrar los mediadores, como los del Grupo Vitalia. También colaboraba en la inclusión como beneficiarios de las pólizas de personas afines (los denominados “intrusos”), según señala el magistrado.
Para dar cobertura legal, Lanzas “utilizó testaferros” y creó y controló, con ayuda de terceras personas, un entramado societario y mercantil para encubrir el origen ilícito de los fondos así como su real destinatario y reintroducir en el circuito financiero las ganancias obtenidas.
Una forma de desviar el dinero de las arcas públicas que, el que fue uno de los líderes sindicales más relevantes de la comunidad ,conocía y manejaba a la perfección. Unas prácticas que llevaron a cabo en esta ocasión bajo el mandato de Manuel Chaves (PSOE) en el gobierno andaluz.
El expresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, en una imagen de 2019 saliendo del juicio de los ERES.
Habrá que esperar aún a la celebración del juicio oral, aunque aún está abierto el plazo para que Fiscalía y acusados presenten sus escritos y pueden solicitar el sobreseimiento. Aunque todo apunta a que se llegará al fondo del asunto en los tribunales.