Dos diputados sabotean la investigación de la corrupción socialista en la Junta

Como viene siendo ya costumbre en la comisión de investigación de las irregularidades cometidas a través de la Faffe (Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo), durante el dilatado gobierno del PSOE en la Junta, los citados no quieren aportar nada y se niegan a declarar.

De poco está sirviendo esta comisión que se inició en 2019, porque los responsables tienen pocas ganas de colaborar y que se hable de lo ocurrido. Se suceden los plantones a la sala o no responden a ninguna de las preguntas.

Al PSOE-A no le interesa lo más mínimo que la Faffe siga dando vueltas en los medios de comunicación. Más aún cuando los citados de esta semana son dos diputados que se sientan en la actualidad en la bancada socialista del Parlamento.

Se trata del que fuera consejero de Empleo en el anterior gobierno andaluz y diputado autonómico Javier Carnero, y el también parlamentario del PSOE, Antonio Ramírez de Arellano, que fue consejero de Economía y Hacienda. Ambos se acogen a su derecho a no declarar y han esgrimido los mismos argumentos para justificar su negativa a responder a las preguntas: escaso tiempo en su cargo y posterior a la extinción de la Fundación.

En el caso de Carnero ha vuelto a comparecer este martes ante la citada comisión, después de que ya lo hiciera en noviembre de 2019, cuando tras una breve exposición ante la misma, se ausentó y no respondió a las preguntas de los grupos. En esta ocasión, Carnero ha efectuado una intervención de unos diez minutos, en la que ha asegurado que "nunca tuvo entre sus cometidos gestionar ningún tipo de programa vivo de la Faffe".

El socialista Javier Carnero en su primera comparecencia en la comisión de la Faffe en el Parlamento.

Afirma además que tampoco tuvo conocimiento de la vida efectiva de esa fundación porque se extinguió seis años antes de su llegada a la consejería en junio de 2017 y, por ende, "de irregularidad alguna".

Carnero sí tenía conocimiento de las tarjetas de la Faffe

El socialista si tenía datos sobre la Faffe y él mismo ha reconocido que como consejero compareció en el Parlamento en varias ocasiones para hablar del asunto.

La última vez lo hizo para informar de que su equipo de la consejería, a instancias de él, había elevado a la Fiscalía la "operativa de las tarjetas de crédito del entonces director de la Faffe", Fernando Villén. Esto provocó que se le tomara declaración de nuevo al principal implicado en la causa y que la Junta se personase como parte en el proceso de la presunta actuación del mal uso de la tarjeta de crédito.

Carnero ha mostrado su máximo cinismo, pues él no tiene nada que decir y echa la pelota a la actual consejera de Empleo, Rocío Blanco, asegurando que "ese procedimiento sigue abierto y que de él tendrá más información la actual consejera". Llega más lejos animando a la comisión a citarla "si tan interesados están en conocer qué se hizo con esas tarjetas o como continúa el procedimiento legal".

El mediador de los presupuestos de Espadas tampoco habla

En el caso de Ramírez de Arellano se acoge a su derecho a no declarar y alega que fue consejero entre junio de 2018 y enero de 2019 por lo que no "tuvo conocimiento" de lo investigado, ni sus colaboradores cercanos y toda la información "debe obrar en poder de la consejería de Hacienda".

Es la segunda vez que acude a la cita pero con las mismas ganas de no colaborar y eso que el parlamentario ha cobrado un papel protagonista durante estas últimas semanas, al ser uno de los interlocutores que ha enviado el secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, para negociar los presupuestos.

El diputado del PSOE-A, Antonio Ramírez de Arellano, en el Parlamento andaluz.

Les ha sentado muy mal a los dos parlamentarios tener que presentarse en la comisión, sobre todo a Carnero que ha criticado que "esta citación sólo pretende seguir manteniendo vivo un relato que creen que le es beneficioso para sus intereses electorales", ha sentenciado Carnero, en referencia a PP-A, Cs y Vox.

Sin embargo, lo que queda patente es que los que tienen intereses que proteger de aquí a las elecciones son los socialistas, que quieren obviar los casos de corrupción que que se van destapando en los juzgados y que demuestran que se dilapidaron casi 700 millones de las arcas públicas.

Ya intentaron evitar que se hablara del asunto justo antes de su congreso regional. Estaba citada la expresidenta Susana Díaz que protagonizó un nuevo plantón a la comisión, al considerar que no fue citada formalmente.

Y es que el escenario no era el más adecuado para el PSOE, que presentaba un nuevo proyecto de Espadas de la mano de Pedro Sánchez y no querían ni un salpicón de la corrupción en ese día tan señalado.

El PP denuncia la "cobardía y cinismo" del PSOE de Espadas

Los diputados del grupo Popular en la comisión la Faffe, Ana Vanessa García y Erik Domínguez, han denunciado este martes la "cobardía y cinismo" del "supuesto nuevo PSOE de Espadas", a quien han acusado de "utilizar como escudo político" en la comisión de investigación de la Faffe a los extrabajadores de la extinta fundación.

Los populares han señalado que Espadas les pidió encarecidamente que citaran a los responsables políticos de las contrataciones en lugar de a los trabajadores, pero "a la hora de la verdad los exconsejeros socialistas que están citados en la comisión o no aparecen, o dan la espantada, o enmudecen, y los únicos que están colaborando en el esclarecimiento de los hechos son los extrabajadores", han apuntado.

Para el PP deberían plantearse si merecen mantener su escaño en la Cámara porque "es sangrante que esta burla y esta falta de respeto al Parlamento venga de dos diputados del PSOE".

Domínguez ha lamentado que Carnero no haya querido aclarar como responsable que fue de Empleo porque "no colaboró con la agilización de los expedientes de reintegro de subvenciones", a pesar de que ya había resoluciones que cifraban éstas en 115 millones de euros y de las "conocidas alertas de la Cámara de Cuentas".

Ha recordado que justo antes de ser cesados de sus cargos tras el cambio de gobierno, entre 11 y el 28 de enero de 2019, tres altos cargos de la Consejería de Empleo solicitaban informes del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía sobre expedientes de subvenciones, por más de ocho millones de euros.

García ha reprochado a Arellano que "a pesar de ser de sobra conocidas las irregularidades de la Faffe y el escándalo de las tarjetas con pagos en puticlubs", durante su etapa de consejero "ni siquiera preguntase por la situación en la que se encontraban dichos expedientes". "Es negligente", ha sostenido la diputada popular.