Faffe: el "trilerismo malversador" sistemático del PSOE

Las irregularidades que se cometieron a través de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), durante los gobiernos socialistas en la Junta de Manuel Chaves y José Antonio Griñán, "no fueron puntuales, sino consecuencias previsibles de un descontrol institucionalizado". Así se desprende del borrador que ha presentado Enrique Moreno (Cs), presidente de la comisión que lleva desde 2019 investigando la ya extinta Fundación.

El documento ha sido redactado tras recibir las conclusiones de los distintos partidos políticos y a su vez se ha remitido a los grupos parlamentarios para que presenten alegaciones. Una vez elaborado el dictamen definitivo será presentado en el pleno de la Cámara andaluza para su aprobación.

Después del estudio de numerosa documentación y escuchar unas sesenta comparecencias de responsables políticos y funcionarios de la Junta, lo que queda claro según el responsable del borrador es que la Faffe "fue una herramienta para el desvío de dinero público" y como responsables políticos se encuentran los expresidentes andaluces, aunque exime a Susana Díaz de la lista ya que el ente se finiquitó el ente justo antes de su llegada al cargo.

Desestima de esta forma la acusación del Partido Popular sobre la última presidenta socialista andaluza, que apuntó a Díaz también como responsable por no facilitar la información requerida por la justicia tras liquidarse la Faffe y traspasarse todo el personal al Servicio Andaluz de Empleo, así como por hacer caso omiso a los expedientes de subvenciones irregulares que se acumulaban en los cajones. Pero durante su comparecencia, Díaz, que tuvo que ser citada hasta en tres ocasiones para escuchar su declaración, sólo argumentó que ella "no estaba allí", refiriéndose a su cargo de presidenta.

"Conceptos falsos" para pagar prostíbulos

Entre los asuntos que ha abordado la comisión ha sido la "opaca contabilidad" de la Fundación, que pagó facturas con "conceptos falsos" y sus responsables disponían de forma irregular de dinero. "Era un ejercicio sistemático de trilerismo malversador", destaca el responsable del escrito, que señala también la "acción negligente y la pasividad" de políticos y funcionarios de la Junta.

El exdirector de la Faffe, Fernando Villén, en los juzgados de Sevilla tras declarar.

Entre ese dinero público del que disponían a su antojo y donde se señala directamente al exdirector de la Faffe, Fernando Villén, se recogen los desembolsos en juergas en clubes de alterne. La forma era utilizar la partida para Publicidad, Propaganda y Relaciones Públicas de más de 10 millones de euros de los dispuso la Faffe para cargar las famosas tarjetas de crédito para supuestos gastos de representación y con ellas se pagaban los prostíbulos. Villén, que ocupó el cargo de secretario de Empleo del PSOE-A, efectuó hasta 43 pagos en locales de alterne de las provincias de Sevilla, Cádiz y Córdoba.

El exdirector de la Faffe se enfrenta también a las consecuencias judiciales que se deriven de la investigación abierta, en la que la Fiscalía Anticorrupción pide seis años de prisión e inhabilitación, acusado de un delito continuado de malversación en concurso con un delito de falsedad en documento oficial.

Contrataciones sin control

La Fundación que debía servir para fomentar el empleo en la región y destinar ayudas a los parados tuvo otros fines. Además del desvío de fondos públicos, también se utilizó para la contratación de personal "sin respetar los principios constitucionales en el acceso al empleo público de igualdad, mérito, capacidad y publicidad".

Las conclusiones apuntan a que no existió un sistema de selección fiable y por ello "cualquier miembro de la plantilla de la Faffe puede ser considerado presunto enchufado". Entre esas contrataciones se encuentran la del exalcalde de Lebrija, el socialista Antonio Torres, y concejal de Jerez Francisco Camas. También los 16 contratos efectuados escasos días antes de liquidar la Fundación.

Todos ellos y otros muchos más están siendo investigados en los juzgados, entre ellos el de Carmen Ibanco, mujer del secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, aunque no aparece en este escrito de la comisión. Si apunta a "todos los que consiguieron para ellos mismos o para sus familiares y/o amigos una nómina de la Faffe por su condición de responsables políticos, gracias a su relación con quien fuera secretario general de Empleo del PSOE de Andalucía".

No sólo era arbitraria la selección de la plantilla, sino que se recoge que se consolidó una "hiperinflación salarial", es decir aumentaban sus nóminas como el caso de Villén que comenzó cobrando 50.000 euros y alcanzó los 79.000, así como 73 empleados percibían complementos que no estaban recogidos en el convenio colectivo.

El PSOE de Sánchez y Espadas unido a la corrupción de la Faffe

En este relato final para depurar responsabilidades no sólo se apunta a los máximos dirigentes socialistas en la Junta de Andalucía, sino también a miembros del PSOE en activo. En el texto se incluye a los exconsejeros del Gobierno Javier Carnero y Antonio Ramírez de Arellano, que actualmente se sientan en la bancada socialista como diputados, así como a la ex consejera de Hacienda, María Jesús Montero, que es actualmente ministra en el Gobierno de Pedro Sánchez.

A los tres se les exige responsabilidades "por su falta de colaboración con la comisión de investigación", tras negarse a declarar en la comisión. Los dos exconsejeros acudieron a su cita pero se negaron a responder las preguntas, mientras que Montero nunca apareció a pesar de ser convocada.

Al respecto, Enrique Moreno incide en que quienes evitaron responder a las preguntas de la comisión "se arrogan el derecho que tienen los investigados como presuntos delincuentes en un procedimiento penal". Además incorpora una valoración sobre ellos: "Deben tener mala conciencia" y añade que "en esta comisión de investigación se ha corroborado que el PSOE de Pedro Sánchez puede ser incluso peor que el PSOE anterior".