Condenada a prisión la 'reina Melchor' por el fraude de los cursos de formación
El PSOE andaluz de nuevo contra las cuerdas por la corrupción en plena campaña electoral tras conocerse la sentencia contra la socialista que desvió ayudas públicas por valor de 1,3 millones
Aunque durante esta campaña electoral los andaluces no van a conocer la resolución definitiva sobre las condenas de los expresidentes socialistas Manuel Chaves y José Antonio Griñán del Tribunal Supremo por el caso de corrupción ERE, para no interferir en los comicios, si ha hecho aparición una sentencia de la Audiencia de Sevilla que vuelve a poner contra las cuerdas al PSOE andaluz.
Se trata del caso conocido como 'reina Melchor' enmarcado dentro de las investigaciones sobre otra de las grandes causas de corrupción: los cursos de Formación andaluces. La sentencia que emite la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla condena a cuatro años y medio de cárcel Ana María Orihuela, exgerente del Consorcio Centro Andaluz de Formación Medioambíental para el Desarrollo Sostenible (Formades), ente dependiente de la Junta de Andalucía, ubicado en Almonte (Huelva), donde también fue concejala del PSOE.
Tras el juicio celebrado este invierno, el juez la considera culpable de los delitos continuados de prevaricación y malversación en la gestión del Consorcio por el desvío de fondos públicos de tres subvenciones. Así el tribunal señala que la totalidad del déficit de justificación de las subvenciones asciende a 1.320.850 euros. Entre ellas, una fue destinada a la compra de juguetes y caramelos para la cabalgata de los Reyes Magos en su pueblo donde iba a participar como 'rey Melchor' y a lo que le debe el nombre este caso.
El hijo y el sobrino de la 'reina Melchor' caen con ella
Junto a la exgerente de Formades, que estuvo al frente del consorcio entre 2006 y 2011, también han sido condenados a dos años de cárcel su hijo Manuel Ramírez y su sobrino, Cristóbal Ojeda, así como a dos años y medio al también acusado Juan Francisco Millán, veterinario y docente en dicho centro.
En la sentencia, que pueden recurrir ante el TSJA, se detecta que la trama urdida desde Formades “tenían como objetivo el proporcionarles un beneficio económico con la consiguiente desviación del dinero procedente de las subvenciones, bien a través de la realización de gastos ajenos totalmente a la finalidad para los que se concedía la subvención y que obedecen a la arbitrariedad y su exclusiva voluntad (la Cabalgata de Reyes Magos, gastos en desayuno, equipaciones deportivas, comida con sindicatos...), o a través de las contrataciones irregulares para favorecer y darle trabajo al resto de los acusados y favorecer a familiares y conocidos, con el consiguiente empobrecimiento del erario público”.
Así acreditan los hechos en los que el resto de los acusados eran cooperadores de la 'reina Melchor', "aceptando la contratación en la prestación de los servicios con el objeto de percibir ingresos excesivos por unos servicios que no quedan íntegramente constatados, justificados y ajenos, en parte, a la finalidad propia de la subvención”.
Tendrán que indemnizar a la Junta
En la sentencia judicial también se le condena a que indemnice a la Junta de Andalucía con 40.078 euros y solidariamente respecto de la cuantía defraudada cometida por cada uno de los acusados, que alcanza la cifra global de 899.623 euros.
Su hijo es declarado cooperador necesario de un delito continuado de malversación de caudales públicos, siendo condenado a dos años de cárcel, cuatro años de inhabilitación especial y a indemnizar a la administración andaluza con 452.895 euros; mientras su sobrino resulta condenado a las mismas penas de cárcel e inhabilitación, con la misma tipificación, pero con una indemnización de 38.495 euros para la Junta.
Juan Francisco Millán Lozano, también acusado, resulta declarado cooperador necesario de un delito continuado de prevaricación en concurso medial con un delito continuado de malversación de caudales públicos, siendo condenado a dos años y medio de cárcel, cuatro años y medio de inhabilitación especial y una indemnización de 408.232 euros en favor de la Junta.