La Junta actúa en Europa para combatir la 'desinformación' sobre Doñana

La campaña orquestada por el PSOE y el Gobierno central para intentar desgasatar al Ejecutivo andaluz de Juanma Moreno (PP-A) cobra intensidad y se agarran a la tensión provocada por la Ley para regularizar los regadíos de la Corona Norte de Doñana como diana de su ataque.

Pero este mismo viernes, la Junta pasa a la acción y ha remitido dos cartas al embajador permanente de España para la Unión Europea, consistentes en un informe detallado sobre la ley que se está tramitando y una misiva de Moreno a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, para acordar una delegación conjunta para explicar la propuesta que la Junta de Andalucía pretende realizar en Doñana.

El objetivo del Gobierno andalaluz es dejar claro ante la Comisión Europea que el plan de regularización no atenta contra la protección del humedal del Parque Nacional de Doñana, ni tampoco "supone ninguna amenaza para el cumplimiento de la sentencia" del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), tras la advertencia recibida este jueves.

Un texto de la Ley que no es el definitivo

En la carta, el director general de Espacios Naturales Protegidos de la Junta, José Enrique Borrallo, defiende la protección del espacio natural en un informe remitido al embajador, en respuesta al escrito de la directora general de Medio Ambiente de la Comisión Europea, Florika Fink-Hooijer, que alertaba sobre la posible afección de la proposición de Ley al cumplimiento de la sentencia del TJUE.

En la misiva, la Junta alega que la proposición de Ley, que persigue "dar solución al problema social que coexiste en la comarca del Condado de Huelva" que "no conlleva de ninguna de las maneras el otorgamiento de concesión de agua para poder ejercer el regadío en la zona". Continúan explicando que la proposición de Ley "simplemente se establece una clasificación de terrenos como agrícolas regables, siempre con agua superficial, y siempre que exista esa disponibilidad en el futuro", por lo que "no afecta al incremento de extracción de recursos subterráneos".

En este sentido, añade que la proposición de Ley "continúa ahora su tramitación parlamentaria correspondiente, sometiéndose a un proceso de ponencia en el que los distintos grupos con representación en la Cámara autonómica podrán presentar enmiendas, que habrán de ser votadas y aprobadas, previa audiencia a los agentes sociales a los que afecta la propuesta, teniendo que someterse posteriormente a una votación final en el seno del Pleno del Parlamento andaluz". Por lo tanto se trata de un texto que no es definitivo y puede estar sujeto a modificaciones.

Moreno involucra a Ribera en su defensa

El informe va acompañado por una carta del presidente de la Junta de Andalucía a la ministra Ribera, en la que propone acordar una delegación conjunta para explicar la propuesta que la Junta de Andalucía pretende realizar en Doñana y que "no afecta al acuífero" tras subrayar que "la proposición de Ley no afecta a un solo centímetro cuadrado de todo el Espacio Natural de Doñana, ni Parque Nacional ni Natural, sino que se encuentra al norte de la Corona Forestal". El presidente andaluz está decidido a defender el sector de la agricultura de los frutos rojos de Huelva que ayer le hacía entrega del Premio Fresa.

Desde aquí propongo que acordemos una delegación conjunta mi Gobierno y tu Ministerio para ir a explicar en detalle el objeto de esta proposición de ley a la Comisión, así como establecer en detalle las medidas que vamos a llevar a cabo ambas administraciones para el cumplimiento de la sentencia.

En el propio informe además se especifica que "desde 2019 se han multiplicado por cuatro los números de expedientes sancionadores en materia forestal en cumplimiento del Plan, por lo que la aprobación de esta proposición de ley no supone la amnistía de ningún infractor", recalca el Ejecutivo de Juanma Moreno, que recuerda que "el régimen sancionador español es extremadamente garantista, y en ocasiones, la resolución de estos expedientes no concluye con la agilidad que sería deseable por parte de las Administraciones, como ocurre con la clausura de pozos ilegales o la retirada de cultivos en terrenos sin clasificación de suelo agrícola".