Bruselas evaluará la versión de la Junta sobre Doñana pero Moncloa no espera

Después de semanas de graves acusaciones hacia la Junta de Andalucía por la ley de regularización de suelos para regadío en el entorno de Doñana, cuyo trámite se ha iniciado en el Parlamento impulsado por PP y Vox, se han producido las explicaciones del Gobierno andaluz de manera directa y sin intermediarios a la Comisión Europea.

Ha sido el consejero andaluz de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández-Pacheco, el que se ha reunido con el comisario europeo de Medio Ambiente, Virginijus Sinkevicius, para defender la postura de la Junta después de la advertencia recibida la semana pasada, exigiendo el cumplimiento de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que recae sobre España desde 2021 y obliga a proteger Doñana.

En el encuentro, que se ha adelantado con respecto a la fecha prevista que estaba anunciada para el 3 de mayo, el consejero y portavoz del Gobierno ha defendido que la Junta de Andalucía cumple su parte de la sentencia europea, aunque ha puntualizado que sólo tiene el 10% de las competencias, ya que casi en su totalidad son del Estado, y sobre la proposición de ley ha asegurado que "en absoluto perjudica" al humedal.

"Hemos acudido a esta reunión con la verdad como único instrumento y como único arma con el que defendernos frente a este ataque continuo y al aluvión de descalificaciones y mentiras del Gobierno de España", ha aseverado el consejero.

Bruselas se compromete a evaluar los argumentos de la Junta

Fernández-Pacheco ha señalado que le ha podido explicar al comisario, entendiendo la preocupación que le ha generado el asunto, que la ley, que "a penas ha empezado a andar", "en absoluto perjudica al acuífero". El consejero ha manifestado que habla de aguas que "vendrían siempre en superficie a través de un trasvase que el Gobierno de España prometió por ley en 2018, y cuya infraestructura ni siquiera ha comenzado" por lo que, según ha incidido, "el agua de Doñana es para el Parque Natural". También ha insistido en que no se amnistía a los que infrinjan la ley y se han multiplicado por cuatro los expedietes sancionadores por extracciones ilegales desde que llegó el Gobierno de Juanma Moreno.

Según el consejero andaluz, el comisario Sinkevicius "se ha comprometido a evaluar todos los argumentos ofrecidos hoy" y le ha agradecido la celeridad en recibir a la Junta, en contraposición, ha señalado, a lo que ha ocurrido con el Ministerio de Transición Ecológica dirigido por Teresa Ribera, a la que ha reprochado la falta de diálogo, ya que llevan desde noviembre solicitándole reuniones.

El portavoz ha llamado la atención sobre el "revuelo mediático intencionado" sobre una ley que acaba de iniciar su trámite parlamentario y en la que tanto los partidos políticos como la propia sociedad puede realizar aportaciones a través de enmiendas. El Ejecutivo de Moreno anima a la participación para conseguir "el mejor texto posible" y solucionar un problema social real y heredado del PSOE cuando Gobernaba la Junta que afecta a los agricultores del Condado de Huelva.

La amenaza del Gobierno se produce minutos después

Escasos minutos después de que la Junta concluía la reunión Bruselas para ofrecer su versión, la ministra Teresa Ribera, ha salido a la palestra para lanzar el aviso a la Junta de Andalucía de que si no retira el proyecto de ley de regadíos en el entorno de Doñana acudirá al Tribunal Constitucional y le repercutirá las posibles sanciones europeas que en su caso imponga Bruselas al Reino de España por no mantener el buen estado del Parque Nacional de Doñana.

"El Gobierno exige al Gobierno y al Parlamento andaluz la retirada del Proyecto de ley. Pido a Moreno Bonilla y a Núñez Feijoó que dejen de poner en riesgo el futuro de España", ha demandado Ribera en una rueda de prensa convocada este lunes en Madrid, tras concluir la reunión de autoridades andaluzas.

Ribera ha insistido en que no hay discusión ni interpretación, el plan de regadíos incrementa el riesgo para poder cumplir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia Europeo y, por tanto, solo cabe que Andalucía retire la proposición de ley, ha subrayado.

Ribera amenaza con derivar la multa a los impulsores de la ley

La ministra ha reiterado que, si este proyecto de ley sigue adelante, la Comisión Europea utilizará "todos los medios a su alcance" incluida la posibilidad de acudir de nuevo al Tribunal de Justicia solicitando la imposición de multas contra el Reino de España. "Ya lo ha hecho en otras ocasiones e insiste en que no tendrá la menor duda con respecto a la necesidad de hacerlo en este caso", ha advertido.

Además, en el supuesto de que la proposición de ley siguiera adelante "obviamente" el Gobierno acudiría al Tribunal Constitucional y no descarta que en el supuesto de que llegue a haber multas coercitivas, el Ejecutivo pensará "cómo se puede trasladar esa multa coercitiva a quien sabe que esta es una amenaza real que ha dejado por escrito" en la reunión con el Comisario europeo.

"El mensaje es claro. No caben enmiendas, solo cabe la retirada", ha precisado Ribera que insiste en la "devolución íntegra de esta ley al sitio del que no debió salir nunca jamás".