Bruselas tira de las orejas al Gobierno sobre Doñana más allá de la ley andaluza
Aunque el presidente Pedro Sánchez no se quiera dar por aludido, el comisario europeo ha advertido sobre la desprotección del Parque por parte del Estado, que tiene las competencias.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su reciente visita al Parque Nacional de Doñana.
La polémica sobre el 'estado de salud' del Parque Nacional de Doñana, en Huelva, sigue desatada y más aún tras la reunión celebrada entre la Junta de Andalucía y la Comisión Europea que se produjo este lunes, en el que el consejero de Medio Ambiente y portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández-Pacheco, pudo informar de primera mano al comisario europeo Virginijus Sinkevicius al respecto de la proposición de ley para regularizar suelos para regadíos en el entorno del Parque.
El comisario de Medio Ambiente mostró su preocupación por la situación del humedal y antes de "evaluar" el informe trasladado por la Junta, según se ha comprometido, ha advertido que la ley puede "deteriorar" el humedal, ya que "parece ir en dirección contraria" a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TJUE) que obliga a protegerlo.
Y es que más allá de si esta proposición, que está en su trámite inicial en el Parlamento, prospera o no, a Europa le preocupa el cumplimiento de la sentencia que pesa sobre España desde el año 2021 y cuyo garante es el Estado. Al respecto, desde la oficina del comisario se ha alertado que las medidas adoptadas hasta ahora por España para garantizar su cumplimiento "no son suficientes, incluso sin contar con el probable impacto negativo de la legislación propuesta".
Tirón de orejas al Gobierno de Pedro Sánchez y al ministerio que dirige Teresa Ribera ya que el Estado tiene casi la totalidad de las competencias sobre Doñana a pesar de que ahora le interese mirar para otro lado y culpar de la situación al Ejecutivo andaluz de Juanma Moreno. La Junta de Andalucía tiene sólo un 10% de las competencias sobre el espacio natural, mientras que el resto son del Gobierno central, ya que la Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir en la que se sitúa es un organismo estatal, que además otorgó licencias para nuevas captaciones de agua en el año 2022, según adelantó ESdiario.
El Gobierno andaluz no quiere renunciar a solucionar el problema a los agricultores del Condado de Huelva y reclama diálogo al Gobierno central ante la falta de atención y "agresividad" hacia Andalucía. Así lo ha señalado el portavoz andaluz este martes, asegurando que mientras que Juanma Moreno sea presidnete no se va a permitir ningún daño sobre Doñana y ha aplacado las preocupaciones de Europa.
La fragilidad de un espacio natural amenazado antes del plan
El comisario, consciente de la importancia del regadío para la economía local, ha recordado que la legislación de la UE exige un uso sostenible del agua y la conservación de los espacios protegidos, especialmente ante el episodio de sequía que sufre España, ha alertado de que un mayor deterioro del estado de las masas de agua subterránea puede tener efectos desastrosos para la conservación de los frágiles ecosistemas de los humedales de Doñana, que es uno de los "puntos calientes" de biodiversidad de la UE.
Por último, Sinkevicius ha avanzado que ahora la Comisión evaluará "detenidamente" las aclaraciones facilitadas en las cartas del Gobierno español y de la Junta de Andalucía el pasado viernes, aunque antes de pronunciarse definitivamente al respecto ha señalado que el proyecto de ley propuesto crea un marco jurídico "favorable" para el reconocimiento de derechos de uso de aguas pluviales y derechos de uso de aguas superficiales que se sumarían a la "presión excesiva" sobre las ya sobreexplotadas masas de agua subterránea.