La Junta andaluza se ve obligada a no despedir a cientos de enchufados del PSOE

Los 36 años de gobierno socialista en Andalucía han dejado huella. En los juzgados, en el Parlamento y en el propio seno del Gobierno de la Junta se trabaja para aclarar la dudosa gestión del PSOE, que ha controlado la institución durante décadas, usando el dinero y los cargos públicos para mantener su poder.

Una de las instituciones más cuestionadas ha sido la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), que está siendo investigada, de forma paralela, en el Juzgado de instrucción número 6 de Sevilla y en la comisión del Parlamento andaluz, así como también ha aparecido en las auditorías realizadas al sector instrumental de la Junta.

Dentro de la macrocausa que investiga el caso ERE y lleva más de diez años en los tribunales, se encuentra la Faffe, en la que se trata de aclarar el uso de dinero público en locales de alterne por parte del exdirector de la entidad, Fernando Villén, en supuesta complicidad con la que fue directora financiera, Ana Valls.

El exdirector de la Faffe, Fernando Villén, en la comisión de investigación en el Parlamento.

Pero también está por delante saber cómo se contrataba a través de la Fundación y la justicia investiga 84 contrataciones presuntamente irregulares, ante la ausencia de procedimiento de acceso y porque algunas de ellas fueron realizadas sólo días antes de extinguir la Faffe. El gobierno del expresidente José Antonio Griñán firmó la muerte del ente en 2011, que ya estaba en el punto de mira por ser nido de corrupción. Entonces sus 1.664 trabajadores fueron absorbidos por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE).

La reestructuración de la plantilla como solución

Con un total de 3.386 trabajadores, de ellos unos 1.400 funcionarios, la reordenación del SAE se convierte en una de las metas del actual gobierno de PP y Cs en la Junta de Andalucía. Pero no va a ser tarea fácil, pues se presentan serias dificultades como la existencia de 14 convenios colectivos diferentes que regulan el personal, así como los derechos adquiridos por los trabajadores.

Este ha sido uno de los asuntos a tratar en la jornada de este jueves en la comisión celebrada en el Parlamento de Andalucía sobre empleo. La consejera Rocío Blanco ha anunciado los pasos que se están dando para ordenar la situación de los recursos humanos del SAE, incluidos los procedentes de la Faffe.

"No se debe desperdiciar la potencialidad de una agencia que debe liderar los muy necesarios servicios públicos de empleo", ha afirmado Blanco, que ha recordado que el actual equipo se encontró en el SAE con una relación de puestos de trabajo con tres tipos diferentes de adscripción: funcionario, laboral del VI Convenio y laboral propio. En este último se integran diferentes colectivos, como los de la extinta Faffe, Alpes, Memta, Promotores y la Red de Escuelas de Formación.

Sin una normativa común, la regulación comenzó con la aprobación del Plan Director de Ordenación de las Políticas de Empleo y Relaciones Laborales en Andalucía y el nuevo Modelo de Gestión Integral de la Agencia SAE. Herramientas que han permitido la agrupación de categorías, identificar funciones y responsabilidades de la plantilla para hacerla más eficaz.

Vox exige “echar a los enchufados”

El Gobierno bipartito de la Junta ha optado por una reestructuración histórica de los recursos humanos del SAE y la implementación de los servicios de empleo como solución al complejo problema.

Una fórmula que no gusta al grupo parlamentario de Vox, que ha mostrado su disconformidad en la comisión exigiendo una medida tajante: "señalar a los enchufados de este organismo y echarlos a la calle". Así lo ha expresado el parlamentario Rodrigo Alonso, que ha indicado que el traspaso de los empleados de la Faffe al SAE "es un reflejo del gobierno socialista que convirtió este organismo en el centro neurálgico de la corrupción".

Alonso ha puesto como ejemplo la reciente comparecencia de la extrabajadora de Faffe Carmen Ibanco, que es mujer del secretario del PSOE-A, Juan Espadas. "La Faffe se utilizó para estafar a los parados, solo bastaba llevar el carné del PSOE o de los sindicatos para entrar por encima de los funcionarios", ha lamentado el representante de Vox.

Los despidos nulos ya han costado 80 millones a la Junta

Lo que pide Vox no es fácil de hacer, los trabajadores tienen unos derechos laborales adquiridos. Sobre este punto, la consejera ha destacado la importancia de "meditar", debido a que los procesos judiciales dieron lugar a numerosas incidencias que finalizaron en el Tribunal Supremo, organismo que "dio la razón a los empleados".

Han sido algunos casos de técnicos que fueron contratados con subvenciones y cuyos despidos fueron considerados nulos en diversas sentencias. Las resoluciones judiciales se pusieron del lado de los trabajadores y el despido “ha costado unos 80 millones de euros por indemnizaciones y otros conceptos que la administración ha debido pagarles", según ha señalado la consejera.