Las ayudas de los ERE se otorgaban "a demanda" según los exconsejeros del PSOE

Continúa el tercer juicio sobre los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos y las subvenciones arbitrarias que salían de las arcas de la Junta de Andalucía durante los gobiernos socialistas. Se investiga el desvío de 8,4 millones de euros que fueron a parar a empresas del sector del corcho de la Sierra Norte de Sevilla.

Ayer declararon los investigados, entre ellos el hermano del expresidente de la Junta, Ángel Rodríguez de la Borbolla, y el resto de acusados, y hoy la Audiencia de Sevilla ha tomado declaración como testigos a los exconsejeros socialistas de Empleo: José Antonio Viera y Antonio Fernández.

Los citados exconsejeros fueron excluidos de este proceso judicial, debido a que ya fueron enjuiciados y condenados en la sentencia de la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla sobre el "procedimiento específico" de los ERE. En esa pieza, la Sección Primera de la Audiencia condenó a 19 de los 21 exaltos cargos socialistas de la Junta juzgados, entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán y los mencionados exconsejeros.

No existían convocatorias para las ayudas

Sobre los fondos librados con cargo a los presupuestos de la Junta de Andalucía, el exconsejero Viera que estuvo en el CARGO entre 2000 a 2004, ha contestado a la fiscal del juicio que "no existía una convocatoria específica" de estas ayudas, sino que la Administración actuaba "a demanda".

Además ha defendido que en aquellos tiempos, el "proyecto político" del PSOE recogía medidas de apoyo para "empresas en situaciones de dificultad", que se contemplaron en el acuerdo de concertación social firmado entre la Administración andaluza, la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) y los sindicatos mayoritarios.

En este sentido Viera ha respondido que merced a ese "diálogo social", resultaba "lógico pensar que los empresarios lo sabían". "La CEA lo sabía y firmó ese acuerdo", ha insistido respecto al pacto de concertación social.

Mientras la ya mencionada sentencia de la Sección Primera de la Audiencia declara que las ayudas de la partida de los presupuestos autonómicos fueron concedidas sin "seguir procedimiento administrativo alguno" y omitiendo "la fiscalización previa", tratándose de subvenciones excepcionales que habían carecido incluso de "expedientes", Viera ha defendido que los "requisitos" necesarios para optar a estas ayudas "estaban establecidos a partir de una situación de crisis empresarial", citando casos como el del cierre de la mina de Aznalcóllar (Sevilla) o la crisis de la cuenca minera de Huelva.

En ese marco, ha considerado que las "demandas" de ayuda recalarían en la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Consejería de Empleo, entonces ostentada por Francisco Javier Guerrero, también condenado en la sentencia del "procedimiento específico" y fallecido en octubre de 2020. La Dirección General de Trabajo y Seguridad Social, a su entender, "tenía competencias para otorgar esas ayudas", idea que contradice la tesis general de la investigación.

De cualquier modo, Viera ha defendido que como consejero, él "en ningún caso" trabajó con los expedientes y documentos relacionados con las ayudas, pues tal aspectos estaba encomendado a la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social, es decir a Guerrero.

Tampoco se publicaban las bases en ningún boletín

El también exconsejero Antonio Fernández, primero viceconsejero de Empleo y después consejero del ramo en sucesión de Viera, ha coincidido en que para la distribución de los fondos de la partida presupuestaria no había "bases publicadas" en ningún "boletín oficial", alegando igualmente que los "elementos" para ello figuraban en el acuerdo de concertación social con la patronal y los sindicatos y la memoria de los proyectos presupuestarios anuales de la Junta de Andalucía, documento este último que incluía según ha dicho los programas de "apoyo al mantenimiento de la actividad empresarial".

El exconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía, Antonio Fernández.

Así, ha defendido ante la fiscal que las ayudas contaban con "normativa suficiente", asegurando en paralelo que tales subvenciones contaban con un "control y fiscalización permanente" a través del entonces Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), tarea que según ha asegurado "se hizo". De tal modo, el exconsejero de Empleo, también condenado por las ayudas autonómicas a la empresa de Dos Hermanas Aceitunas y Conservas (Acyco), ha negado cualquier "oscurantismo o discriminación" a la hora de gestionar estos fondos.