Cuenta atrás para Chaves y Griñán y sus condenas por la corrupción de los ERE

El caso de corrupción más grave que se ha producido en España ha tenido su escenario en la Andalucía gobernada durante casi cuarenta años por el Partido Socialista. Se trata de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos que se saldó con la condena de los expresidentes de la Junta, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, varios exconsejeros y miembros de los sindicatos de UGT y CCOO.

La causa comenzó a investigarse en el año 2011 y concluyó en 2018, para un año después conocerse la sentencia. El 19 de noviembre de 2019 se confirma que durante más de una década se cometió un monumental expolio a las arcas públicas y se implantó un sistema fraudulento, con los socialistas al frente, "plenamente conscientes", y donde se contabilizan unos 680 millones de euros desviados sin control. Unos fondos que debían ir destinados a los parados de la comunidad pero que se dedicaron a beneficiar a empresas afines, pagar fiestas en prostíbulos y drogas.

La Audiencia de Sevilla condenó a José Antonio Griñán por un delito continuado de prevaricación a 10 años de inhabilitación para empleo o cargo público y en concurso medial con un delito continuado de malversación, a 6 años de prisión e inhabilitación absoluta por tiempo de 20 años. En el caso de Manuel Chaves su condena es de 10 años de inhabilitación para empleo o cargo público por un delito continuado de prevaricación.

Además de los máximos responsables de la Junta, en el pronunciamiento judicial tuvo también consecuencias para la exministra Magdalena Álvarez y el exconsejero Gaspar Zarrías, que fueron inhabilitados por prevaricación. Las mayores penas fueron impuestas a los exconsejeros Antonio Fernández y Francisco Guerrero, con siete años de prisión, a los políticos José Antonio Viera (consejero Empleo) y Francisco Vallejo (Innovación) que fueron condenados a siete años de cárcel y para Carmen Martínez Aguayo (Economía) de seis años.

El Supremo revisa los recursos el 4 y 5 de mayo

Desde que conocieron las sentencias, los expresidentes socialistas han tratado de encontrar la fórmula para librarse de ellas. Acudieron al Tribunal Supremo (TS) con un recurso a las condenas en 2020 y ahora llega el momento de su revisión.

Así, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo celebrará el 4 y 5 de mayo a las 10.00 horas la vista pública de los recursos interpuestos contra la sentencia de los ERE. Los miembros del tribunal encargados de la causa serán los magistrados Juan Ramón Berdugo, Ana María Ferrer, Carmen Lamela, Susana Polo y Eduardo de Porres, quien será el encargado de la ponencia.

En la providencia, fechada el 3 de marzo y emitida por el presidente de la Sala, Manuel Marchena, se explicita que dada la complejidad del recurso se señalan dos días y se comunica a las partes las sesiones podrán ser de mañana y tarde.

La sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla sobre el procedimiento de concesión de las ayudas sociolaborales indicaba que los ex presidentes Griñán y Chaves, eran en cada uno de los casos "plenamente consciente de la palmaria y patente ilegalidad de los actos" en que participaron.

Una vez que se pronuncie el TS al respecto se dará por concluida sólo una parte de la trama de corrupción socialista porque aún quedan numerosas piezas pendientes de resolver en los juzgados y este mismo año arrancan otras investigaciones, como las contrataciones presuntamente irregulares a través de la Fundación Andaluza Fondo Social y Empleo (Faffe).