El alcalde Joan Ribó, ante el juez
Joan Ribó se ha convertido en el primer alcalde de Valencia que ha declarado ante un juez en calidad de investigado. Las largas al PP para facilitarle la encuesta fallera ha sido el motivo.
Ribó, a la salida del juzgado
El alcalde se ha escudado en un informe del Secretario del Ayuntamiento, que él ha dicho que pensaba que retrasaba pero no denegaba la información, a cuyo acceso los populares tenían derecho.
La causa que ve el juzgado de instrucción número 9 de Valencia es por presunta prevaricación y vulneración de derechos al serle negado al grupo municipal popular el acceso a un expediente (la polémica encuesta fallera en la que se preguntaba por política y religión) durante más de 200 días.
La cosa, al parece, fue como sigue: la concejalía que dirige Pere Fuset envió en septiembre al grupo popular una nota interna con un informe del Secretario del Ayuntamiento que afirmaba que “el expediente no es municipal” y que no se debía facilitar para salvaguardar la estrategia jurídica en el expediente abierto por la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) contra el Ayuntamiento por la famosa encuesta fallera.
Según el PP, Ribó, ante la insistencia de los populares, resolvió en octubre que era “adecuado” mantener la reserva de las actuaciones realizadas por la Secretaría Municipal” ante dicho expediente y prometía dar “puntual información” una vez acabado el procedimiento. Luego hubo un recurso de reposición, y tres meses más tarde pregunta incontestada en el Pleno, siempre según el grupo municipal popular. Por fin en enero la AEPD dictamina que el Ayuntamiento ha cometido “una infracción muy grave” sin que según los populares el alcalde cumpliera su palabra de facilitar el acceso a la información requerida.
Ante el juez Ribó ha declarado este lunes que la AEPD había condenado al Ayuntamiento, no al equipo de gobierno, que tuvo conocimiento del expediente desde que se le pidió amparo por parte del PP al no obtener la información del concejal, que entendió que la petición de información se postergaba, no que se denegara, y que en la actualidad está todo entregado.
En sus declaraciones ante los medios a la salida del juzgado Ribó ha intentado trasladar el foco de la cuestión hacia la “utilización espuria” de la Justicia y la “clara voluntad política” de sus acusadores, de los que ha recalcado que están imputados en el caso Taula y que, a su juicio, intentan demostrar que “todos somos iguales”.
Ribó no contempla dimitir pese a su imputación porque son los actuales secretarios del consistorio "los responsables de dar validez jurídica a las decisiones del alcalde y los concejales", que son "los mismos que estaban cuando gobernaba el PP". Hace dos años Ribó declaró que si alguna vez llegara a estar investigado por un juez estaría “obligado a dimitir”.