Valencia arrastra 625 millones de déficit en conservación de carreteras

32 muertos en la Comunidad Valenciana durante este verano; un 63% más respecto al verano pasado. Y 95 personas que han perdido su vida en accidentes en lo que va de año. Este ha sido el balance de los datos hechos públicos por la Dirección General de Tráfico (DGT), y que el Delegado del Gobierno Juan Carlos Fulgencio calificó, incluso, de "alarmante".

Sin embargo, Valencia sigue suspendiendo en conservación de carreteras a pesar de estas preocupantes cifras, y arrastra, según la Cámara de Contratistas de la Comunidad Valenciana, 625 millones de déficit en en mantenimiento de estas vías de comunicación.

Para Manuel Miñes, director gerente de esta entidad, estos datos ponen de nuevo sobre la mesa dos reivindicaciones de la Comunidad Valenciana. Por un lado, el aumento de la partida que el Ministerio de Fomento dedica a conservación "y que aquí es la mitad de lo que correspondería por extensión de la red y tráfico" -indica-; y, por otro, los proyectos de mejoras viarias pendientes desde hace años.

Esta última petición, por ejemplo, coincide con algunas de las vías que registran mayor número de accidentes y en las que los colapsos son habituales, "por lo que son considerados puntos negros de la red", dice Miñes. En este grupo entran la V-30, el By-Pass, la N-220, la N-340 o la N-332. Precisamente todas (excepto la N-332) aparecen en un informe europeo sobre el nivel de riesgo de la red y, en el caso valenciano, encabeza el ranking de la siniestralidad para camiones y motocicletas. Incluso, también en la N-332, la propia Conselleria de Obras Públicas apelaba hace unas semanas a los problemas de seguridad vial, la saturación de tráfico y la ausencia de las variantes de población para reclamar a Fomento la bonificación de los peajes en la AP-7, como se ha hecho en Cataluña. Esta carretera que discurre por la costa se mantiene como la única nacional que conecta dos capitales de provincia (Valencia y Alicante) que sigue sin ser autovía y que aún mantiene más de la mitad de los kilómetros de ese tramo (96 de los 166 existentes) con calzada simple en ambos sentidos, sin mediana.

Con proyecto de duplicación a la espera se encuentra también la N-220 (carretera de acceso al aeropuerto de Manises), reclamada de forma insistente por los empresarios del Polígono Fuente del Jarro. El delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana se comprometió a desbloquear esta actuación "prioritaria" en "el menor tiempo posible" y "el anterior equipo del ministerio, con Íñigo de la Serna al frente, se comprometió a licitarla a comienzos de 2018", comenta Manuel Miñes.

La V-30 y el By-Pass

Tanto la V-30 como el By-Pass continúan a la espera de un impulso por parte del departamento que ahora dirige el valenciano José Luis Ábalos. Ambos proyectos se presentaron inicialmente en 2009 y se olvidaron en un cajón hasta 2014 (by-pass) y 2016 (V-30).

En el caso del tramo de la A-7, que rodea la primera corona del área metropolitana, Fomento cuenta con la declaración de impacto ambiental desde el pasado abril "sin que, hasta el momento, se haya registrado novedad para una carretera que cuenta con una intensidad media de más de 96.000 vehículos diarios", indican desde la Cámara de Contratistas. Su coste asciende a 288 millones, con el objetivo de ampliar los seis carriles actuales (tres por sentido) hasta los 10 ó 12 según los tramos.

Respecto a la V-30, que debería haber tenido la ampliación concluida en 2011, se está a la espera del informe ambiental desde el año pasado. Aquí, la propuesta ministerial para mejorar los 17 kilómetros entre los enlaces de la CV-36 y la CV-30 provocó el posicionamiento en contra de la Generalitat Valenciana y los ayuntamientos afectados, al considerar que la inversión (145 millones) debía destinarse a otras fórmulas de movilidad. De hecho, durante la inauguración del paso inferior de enlace entre la A-3 y la V-30 el pasado agosto, Juan Carlos Fulgencio señaló que mantendría reuniones con los municipios para escuchar sus peticiones y "ver aquello que es mejorable" -dice Miñes-, lo que abrió la puerta a posibles modificaciones al proyecto.

A estas mejoras de capacidad de las algunas de las principales carreteras se suma el déficit que arrastran en conservación y mantenimiento, que los contratistas cifran en 625 millones en la última década. Según Manuel Miñes, la Comunidad debería de recibir de Fomento el doble de la partida actual, fijada en 35,7 millones, es decir, que corresponderían 58,69 millones por el peso porcentual en la red viaria nacional, que es del 6,62%. Cantidad que asciende hasta los 66,71 millones al año por el mayor volumen de tráfico. "A mayor y más adecuada conservación, menor siniestralidad", recuerda. E incide en que "las carreteras secundarias han sufrido una disminución brutal en sus inversiones por la bajada sustancial de los presupuestos de obras y conservación en los capítulos correspondientes de las diputaciones provinciales, titulares de estas vías".

Puntos negros en carreteras de la Diputación de Valencia

El director de la Cámara de Contratistas de la Comunidad Valencia también carga contra la Diputación de Valencia, de la que dice que, por ejemplo, "ha reducido el presupuesto de obras a la cuarta parte de años anteriores, y aún así, sólo logra ejecutar efectivamente apenas el 15% del presupuesto previsto". Hay que recordar que el 80% de los accidentes con víctimas, se producen precisamente en esas carreteras secundarias.

La Diputación de Valencia mantiene en su red varios puntos negros o tramos de concentración de accidentes, en los que no se ha actuado en toda esta legislatura. Hay casos flagrantes de dejadez o mala gestión, como la paralización de la Variante Sur de Pedralba, - de la que les hemos venido informándoles en ESdiarioCV-, lista para ser ejecutada desde hace más de tres años y que obliga al paso diario por las estrechas calles de la población de más de 1.000 vehículos motorizados, de los cuales más de 80 son camiones, poniendo en serio peligro tanto a los sufridos vecinos como a los balcones de los edificios.