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La lona de Laporta que podría explicar la lentitud judicial en el caso Negreira

La jueza que frenó la primera investigación del escándalo de los pagos del FC Barcelona no informó de que su pareja es proveedor habitual del club culé en asuntos de marketing y reprografía.

Lona publicitaria del candidato a la presidencia del FC Barcelona Joan Laporta aparecida en diciembre de 2020 en Madrid.

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"Ganas de volver a veros". Con esas cinco palabras, Joan Laporta anunciaba a sus "enemigos" de Madrid su participación en las elecciones del Fútbol Club Barcelona. Aquella enorme lona publicitaria apareció en un edificio próximo al estadio Santiago Bernabéu a mediados de 2020, pocos días antes de que el dirigente blaugrana ganara las elecciones y regresara a la presidencia de la entidad culé.

En ese momento, el Barcelona ya no pagaba al exárbitro José María Enríquez Negreira, al que abonó más de 7 millones de euros, entre 2001 y 2018, mientras ocupaba la vicepresidencia del Comité Técnico de Árbitros (CTA). Por extraño que pudiera parecer, ambos episodios podrían tener una estrechísima relación.

Y es que, según ha publicado El Debate, Silvia López Mejía, la primera jueza que tomó el caso Negreira cuando estalló mediática y judicialmente, ocultó a la Audiencia que su pareja era un proveedor habitual del Fútbol Club Barcelona. En concreto, se trataría del empresario Ignasi Pietx, propietario de una empresa de reprografía especializada en impresión corporativa de gran tamaño. El medio ha podido confirmar la participación de la empresa de Pietx en la confección de la lona con la que Laporta se volvió a presentar en las cercanías del Bernabéu.

La relación de la empresa con el Fútbol Club Barcelona es de "proveedor preferente de toda la producción gráfica del club desde el año 2003", hasta el punto de que la pareja de la jueza promociona los servicios de su empresa usando una imagen del Camp Nou.

Una de las pruebas más evidentes de que la instrucción del caso no iba a la velocidad exigida mientras era dirigido por López Mejía llegó a raíz de la denuncia interpuesta por el colegiado catalán Xavier Estrada Fernández. En un primer momento, la magistrada no la admitió a trámite alegando un defecto de forma, hasta que la Fiscalía interpuso su denuncia, momento en el que entonces ya sí que fue aceptada.

Sin embargo, el punto más polémico de la actuación de la jueza llegó cuando López Mejía notificó a los medios de comunicación el auto de prórroga del secreto del sumario, hecho que provocó un riesgo para la propia investigación.