Campo busca una coartada imposible para los indultos y en contra de su voluntad

La decisión de alto riesgo político de Pedro Sánchez de indultar a los presos del procés ha puesto en una delicadísima posición a Juan Carlos Campo, juez antes que ministro de Justicia -al menos cronológicamente-.

Quien además este jueves tuvo que enfrentarse a una Comisión de Justicia en el Senado a cara de perro, con los portavoces de la oposición acorralándole. Especialmente el senador popular Fernando de Rosa: "El que delinque y no se arrepiente no puede obtener el perdón, por mucho que un Gobierno dependa de ello", le recordó.

Campo y su equipo son quienes ahora tienen que elevar una recomendación al Consejo de Ministros sobre cada uno de los doce cabecillas independentistas en prisión, empezando por Oriol Junqueras.

Es decir: fabricar una coartada para que el Gobierno pueda aprobar los indultos pese al demoledor informe en contra del Tribunal Supremo. En la última década no llega al 5% el porcentaje de indultos concedidos en contra del criterio del tribunal sentenciador y de la fiscalía. Estos del procés pasarán a engrosar esa raquítica estadística.

La misión de Campo no es plato de buen gusto para alguien que, siendo portavoz de Justicia del PSOE en el Congreso, impulsó y defendió una proposición de ley para cambiar la Ley del Indulto y endurecer los requisitos para su concesión (puede leerla íntegra aquí).

Claro que entonces corría el mes de septiembre de 2016, gobernaba Mariano Rajoy, los socialistas estaban en la oposición y se avecinaba una repetición electoral en noviembre (y, antes que ella, un golpe palaciego en el PSOE para apartar a Pedro Sánchez de la Secretaría General).

En concreto, el ahora ministro de Justicia proponía, en nombre del PSOE, prohibir los indultos para los delitos relacionados con la corrupción política y la violencia de género. Y que para poder otorgar el indulto total fuera condición sine qua non el visto bueno del magistrado o tribunal sentenciador, que debería por tanto garantizar que existen "razones de justicia, equidad, utilidad pública o debida reinserción social del condenado".

Es justo lo contrario a lo que sucede en el caso de los condenados por sedición y malversación, en los que el Supremo no ve ni una sola razón para tal medida de gracia. Que además complica aún más la entrega de Carles Puigdemont a España para ser juzgado.

La proposición de ley del PSOE tuvo un largo y tortuoso periplo parlamentario hasta que decayó en 2019 sin haber llegado a ningún puerto, cuando se disolvieron las Cortes y se convocaron las elecciones de abril.

El discurso de Campo

Sin embargo, sí dio tiempo a que en febrero de 2017, medio año antes del referéndum ilegal, Campo la defendiera sobre la tribuna de oradores en el debate sobre su toma en consideración. Como ha quedado constancia en el diario de sesiones, básicamente su intervención se basó en dos premisas: indultos, pocos y mediante real decreto motivado por el Consejo de Ministros y publicado en el BOE.

"Como ciudadanos, tenemos derecho a conocer, a entender y a comprender qué razones de justicia o de equidad se dan en una determinada persona que recibió el castigo de los tribunales para que no cumpla o se le conmute parcialmente la pena. Insisto, es preciso reconocer el carácter graciable del indulto", afirmó.

También pidió que "la institución del indulto sea utilizada con finalidades constitucionalmente legítimas, impidiendo que al amparo de lagunas jurídicas el Poder Ejecutivo invada competencias que correspondan al Poder Judicial o a sus órganos de gobierno o infrinja los principios de seguridad jurídica y separación de poderes".

Y sostuvo asimismo: "Se procura que la gracia quede circunscrita y exigimos que el indulto total solo pueda ser real si cuenta con el parecer del tribunal que en nombre de la sociedad lo condenó. No es un retorno a la vía jurisdiccional, sino una manera de confrontar las sentencias dictadas en nombre del rey con el indulto ejercido por el monarca".

Palabras que hoy se habría llevado el viento de no ser porque han quedado grabadas en las actas del Congreso y en el vídeo que publica ESdiario.

Robles, contra "el indulto como fraude"

En el Consejo de Ministros se sientan, además de Campo, otros dos jueces de carrera: Fernando Grande-Marlaska y Margarita Robles. Esta última suscribió en 2012 un manifiesto titulado El indulto como fraude. En defensa de la independencia judicial y de la dignidad en el que estamparon su firma 200 jueces de toda España por el indulto del Gobierno de Mariano Rajoy, por dos veces, a cuatro mossos condenados por torturas. Por entonces era vocal del CGPJ.

En él decían: "El Derecho Penal constituye el recurso más extremo de los Estados para asegurar el cumplimiento de sus leyes. En los estados constitucionales, la legitimidad para establecer sus presupuestos sólo puede recaer en el órgano que representa la soberanía popular: el Parlamento. Y la legitimidad para aplicarlas corresponde con exclusividad al Poder Judicial, el cual, además, no puede dejar de imponerlas si en el marco de un proceso equitativo quedan acreditados sus presupuestos", una afirmación que sigue plenamente vigente y además es aplicable al caso de Oriol Junqueras y el resto de cabecillas del procés.

Como ésta que seguía: "El indulto implica afirmar la falta de necesidad de la ejecución de la pena. Sólo se justifica cuando el cumplimiento de aquélla no desempeñe finalidad preventiva, resocializadora o retributiva alguna, o cuando resulte desproporcionada. En ambos casos, bien debido al cambio sobrevenido en las circunstancias de la persona inicialmente condenada, bien debido a las singulares particularidades del hecho que hacen que no merezca (o no merezca ya) ese reproche".