El caos tras el fin del estado de alarma enciende a autonomías y juristas

La decisión está tomada definitivamente y no hay vuelta atrás. El Gobierno no quiere enfrentarse a un nuevo rosario de comparencias plenarias para ampliar el estado de alarma y deja en manos de las Comunidades y los jueces la aplicación de nuevas restricciones. Sin embargo, los presidentes consideran que le faltan herramientas para decretar medidas que limiten libertades y los juristas creen que el Ejecutivo les ha dejado una 'patata caliente' que ya no quiere gestionar.

De hecho, expertos en Derecho tienen claro que "los jueces no están para gobernar", tal y como ha explicado la profesora de Derecho Constitucional, Ana Carmona, en una entrevista en RNE, al respecto del decreto aprobado por el Ejecutivo que da competencias al Supremo para decidir, en última instancia, sobre la legalidad o no de las medidas a imponer.

"La competencia del Supremo es administrar justicia, no tener la última palabra sobre las restricciones", ha asegurado Carmona que cree que, con ese decreto, el Gobierno no afronta el problema real.

A su juicio, el problema reside en que "tenemos una ley de Salud Pública excesivamente genérica a la hora de permitir la restricción de derechos y es la que crea los problemas de seguridad jurídica",y aunque considera que el decreto suavizará la inseguridad jurídica, no la va a neutralizar al 100% porque la incidencia del virus no es la misma en todos los territorios y el Supremo puede encontrarse con dificultades a la hora de unificar una doctrina, como pretende el Ejecutivo.

Los jueces, en contra

Junto a ella, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) también ha criticado que "nuevamente" se descargue en los jueces la responsabilidad de decidir sobre las restricciones adoptadas por las autoridades para luchar contra el coronavirus, una vez expire el estado de alarma.

Para la AJFV, "el decreto-ley publicado en el día de hoy supone la confirmación de la dejación de funciones del Legislativo, de la omnipotencia del Ejecutivo y de la elusión de responsabilidades de este último a la hora de tomar iniciativas legislativas eficaces".

De hecho, tal y como relató María Jamardo en ESdiario, la maniobra del Gobierno ha provocado un profundo malestar entre los miembros del Supremo. "Es un despropósito. El Supremo no es un órgano asesor en materia sanitaria, mucho menos legislador y, desde luego, lo que no podrá hacer nunca es validar la restricción indiscriminada de derechos fundamentales", han asegurado.

Las comunidades se ven sin herramientas

Por ello, algunas comunidades autónomas han vuelto a reiterar su descontento al respecto del fin del estado de alarma, como el presidente del País Vasco, Íñigo Urkullu, uno de los más beligerantes al respecto y que ha liderado la respuesta al Gobierno ante la desprotección jurídica que, a su juicio, se generará.

Por ello, ha insistido en que el Gobierno Vasco solo decretará aquellas medidas que cuenten con las debidas "garantías" jurídicas para mantenerse vigentes una vez decaída el estado de alarma, dado que no sería "responsable" asumir el "riesgo" de que dichas restricciones frente a la covid-19 fueran rechazadas por los tribunales de justicia.

La Fiscalía avisa: "No pueden adoptarse medidas limitativas de derechos fundamentales"

Todo ello, una vez que desde la Fiscalía del País Vasco se haya afirmado que "no pueden adoptarse medidas limitativas de derechos fundamentales dirigidas a un conjunto indeterminado de personas al amparo de la legislación sanitaria vigente".

Sin embargo, para evitar que cada una de las fiscalías regionales establezcan su propio criterio, la Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, ha dictado una Instrucción dirigida a agilizar la respuesta procesal de la Fiscalía.

La orden establece pautas para que los fiscales puedan unificar la respuesta procesal inmediata ante el nuevo escenario de recursos que contempla el texto normativo, "estableciendo cauces de comunicación directos con el Fiscal de Sala de lo Contencioso-administrativo a través de la red de delegados desplegada por todo el territorio".

Page ve "difícil" mantener las restricciones

En la misma línea que Urkullu también se ha manifestado el presidente de Castilla La Mancha, Emiliano García Page, que ve ve "difícil" mantener el toque de queda desde la perspectiva jurídica autonómica, aunque se pueden tomar medidas para seguir "llamando a la prudencia" una vez que decaiga el estado de alarma.

"No nos vamos a bajar del autobús en el último tramo y vamos a seguir hasta el final, dando la cara y asumiendo responsabilidades. Pero, obviamente, las que podemos, porque las que no podemos tomar, no las podemos tomar", ha indicado.

Mientras tanto, desde el Gobierno no se deja de mandar el mismo mensaje, las comunidades autónomas cuentan con un "arsenal jurídico suficiente" para afrontar la pandemia de coronavirus, tal y como ha afirmado el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo en una entrevista en Antena 3.

Sin embargo, el titular de Justicia ha reconocido que las autonomías no podrán mantener el toque de queda o el cierre de sus territorios porque estas restricciones de derechos fundamentales "solo se puede" aplicar mediante ley orgánica.

"Pero no quiere decir que no tengan un arsenal jurídico amplísimo para aplicar cierres perimetrales, de municipios o el establecimiento de horarios. Pueden hacer muchas cosas", ha sostenido Campo, que ha intentado justificar el hecho de que el Ejecutivo no haya accedido a impulsar una ley orgánica de pandemias, como le venía pidiendo el PP. ""La reforma de las normas requieren unos cuórum y es muy difícil".

Así las cosas, y una vez que el Gobierno ya no quiere oir ni hablar de tener que dar cuentas en el Congreso por la pandemia, serán finalmente las autonomías las que tendrán que 'pelearse' en los tribunales para poder establecer medidas contra el virus, mientras los propios jueces claman al ver cómo el Ejecutivo se ha quitado de enmedio, y los coloca a ellos en el punto de mira.