Las dudas del Supremo ponen en jaque el plan de Sánchez tras el estado de alarma

La patata caliente que el Gobierno envió al Tribunal Supremo la semana pasada para resolver el vacío legal sobre limitación de derechos fundamentales, con el que una vez levantado el estado de alarma se han encontrado las comunidades autónomas, ha planteado un auténtico dilema en el seno del Alto Tribunal.

Fuentes de la Sala Tercera consultadas por ESdiario consideran "insostenible" que "en un marco jurídico de normalidad" se pueda "restringir la libertad de cientos de miles de personas", aún "con autorización judicial".

Ello no inclina precisamente la balanza hacia el planteamiento del Ejecutivo que el mismísimo ministro de Justicia, el exmagistrado Juan Carlos Campo, ha hecho suyo al defender el "recurso unificador" ante el Supremo y asegurar que las normas vigentes son suficientes para salvar el nuevo escenario.

En el Supremo no acaban de ver con claridad que, como aseguró Campo este lunes, el actual escenario jurídico ofrezca todo un "arsenal normativo" suficiente para amparar restricciones de derechos fundamentales de ámbito autonómico. Tampoco que "el sistema vigente" sea "suficiente" para avalar medidas regionales concretas y que éstas puedan hacerse "extensibles", sin más, al resto de territorios.

En especial teniendo en cuenta las discrepancias entre las resoluciones de los diferentes Tribunales Superiores de Justicia de cada autonomía que ya han trascendido. El Alto Tribunal se prepara para una deliberación complicada sumido en un profundo malestar.

Malestar con el "despropósito"

La maniobra del Gobierno suscitó la semana pasada profundas críticas entre los miembros del Supremo. "Es un despropósito. El Supremo no es un órgano asesor en materia sanitaria, mucho menos legislador y, desde luego, lo que no podrá hacer nunca es validar la restricción indiscriminada de derechos fundamentales que la Constitución reserva a las leyes orgánicas y los mecanismos excepcionales como los estados de alarma, excepción y sitio", aseguraron a este periódico fuentes próximas al Alto Tribunal horas después de conocerse el contenido del decreto ministerial.

Además, los miembros de la máxima instancia judicial en España no sólo se han cuestionado la idoneidad y validez del cambio legal 'exprés' aprobado por el Ejecutivo -con el que se le otorga la misión de fijar criterios generales para limitar derechos fundamentales en la lucha contra la pandemia-, sino que han llegado a manifestar que sus resoluciones podrían no garantizar unos criterios claros sobre las medidas que las comunidades autónomas pueden imponer a los ciudadanos, una vez levantado el estado de alarma.

El presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes.

No en vano, en un informe interno el Gabinete Técnico del Alto Tribunal advirtió de cómo la resolución de los futuros y eventuales recursos -que en sí mismos suscitan serias dudas técnicas de fondo a los magistrados- no aseguran, como pretende la reforma legal del Ejecutivo socialista, una "fijación de doctrina" común aplicable de manera "generalizada" a toda la población.

La "inevitable" reforma legal

En un Estado de Derecho donde "la Constitución como norma jurídica y suprema de la voluntad universal del pueblo soberano" reserva la potestad de "suspender el ejercicio de derechos y libertades fundamentales" al Parlamento -"a través de una ley orgánica específica" o "por la vía excepcional del estado de alarma"- no parece "comprensible" que el Gobierno "haya renunciado a sus funciones ordinarias de creación normativa" para delegarlas en el Judicial al que "corresponde el control posterior de su legalidad o constitucionalidad", señala el profesor de Derecho Constitucional Daniel Berzosa a ESdiario.

Por ello, tanto Berzosa como otros expertos consultados por este diario consideran "inevitable" que ante el posible apagón del Supremo a las pretensiones del Gobierno, éste no tenga más remedio que retomar el estado de alarma para aquellos territorios que lo soliciten a Moncloa; o bien "abordar una reforma legal a la que se comprometió" para dotar de mecanismos suficientes a los entes autonómicos en plena lucha contra la pandemia.

Algo que, inicialmente, descartan de plano desde el Gobierno. El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, fue el encargado de asegurar que "no hay necesidad ninguna de hacerlo" por lo que "el Ejecutivo no se plantea un cambio normativo ahora".

Sin embargo, horas más tarde era el ministro de Política Territorial, Miquel Iceta, quien señalaba que, de fracasar el plan del Supremo, "habría que ver si corresponde tomar alguna reforma legislativa".