El Gobierno, frente a otra "crisis" internacional que se suma a la de Marruecos
El Ejecutivo tendrá que decidir en los próximos días sobre la extradición del venezolano Leopoldo López.
La ministra de Exteriores, Arancha González Laya
Otro lío internacional se avecina para el Gobierno, cuando aún no ha conseguido cerrar la brecha abierta con Marruecos, que derivó en una avalancha de inmigrantes tras la apertura de las fronteras por parte de Rabat como represalia por la acogida del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali. Ahora, las miradas se fijan en Latinoamérica, concretamente en Venezuela.Y es que, el Gobierno ya tiene sobre su mesa la petición formal de Venezuela para extraditar al líder opositor Leopoldo López, que fue condenado a catorce años de cárcel por incitar a la violencia durante las protestas antigubernamentales de 2014 y tiene otras causas pendientes en la nación caribeña.
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela aprobó el pasado 11 de mayo la solicitud de extradición de López, pero hasta ahora no se había cursado la petición formal. Según fuentes gubernamentales, este trámite se ha completado en las últimas horas y el Ministerio de Exteriores ya tiene sobre su mesa la petición venezolana.
Las mismas fuentes han señalado que, conforme al procedimiento habitual, Exteriores remitirá la solicitud de extradición a Justicia, que la trasladará a su vez al Consejo de Ministros. En este punto, el Gobierno tiene la potestad de rechazar o aceptar la entrega de López a Venezuela.
La decisión, en manos del Gobierno
En el caso de que la deniegue, el proceso concluirá. Si, por el contrario, opta por continuar la tramitación, el caso pasará a la Audiencia Nacional. Si el tribunal determinara que no ha lugar, López no podría ser devuelto a Venezuela, pero si avalara la extradición, la decisión volvería al tejado del Ejecutivo, que tiene la última palabra.
López ya anunció su "absoluta disposición a comparecer voluntariamente tantas veces sea llamado" por la Audiencia Nacional "con ocasión de la extradición" solicitada por la justicia venezolana, defendiendo que España es "un país con instituciones democráticas, separación de poderes y justicia, en la cual confío plenamente".
Así las cosas, el Gobierno tendrá que decidir si se coloca del lado de Maduro en este asunto, permitiendo la extradición, lo que supondría un duro golpe para la credibilidad de España, o bien opta por no reconocer la orden lanzada por el tribunal chavista, impidiendo su marcha, tal y como ya han exigido desde la oposición.
