Aragonés reta al Tribunal de Cuentas y se inventa un fondo para pagar sus multas

El independentismo ha vuelto a dar este martes la enésima señal de que no está dispuesto a rebajar ni un ápice su estrategia de desacato a la Justicia pese a los indultos a los líderes del 1-O y los llamamientos de Pedro Sánchez al "reencuentro" y la "concordia".

Además, los peores temores de un sector del PSOE -que teme que Esquerra se deje llevar por las presiones de Junts y redoble su pulso al Estado- comienzan a cobrar fuerza. La nueva muestra ha llegado en estas últimas horas cuando, pese a la advertencia del Tribunal de Cuentas, Pere Aragonés ha movido ficha para que la Generalitat, con dinero público, cubra las fianzas que el órgano constitucional ha fijado para los cabecillas de la primera consulta soberanista del 9-N, con Artur Mas a la cabeza.

"Indefensión"

El Gobierno de Pere Aragonés ha aprobado un decreto ley que crea un Fondo Complementario de Riesgos con 10 millones de euros para cubrir las fianzas que pide el Tribunal de Cuentas a decenas de cargos y excargos de la Generalitat. Fuentes de este organismo han adelantado que esta medida "roza la prevaricación" y que no aceptará el "aval" público para las multas a los sancionados.

En la rueda de prensa tras la reunión del gabinete catalán, acompañada de la consejera de Presidencia, Laura Vilagrà, el propio consejero de Economía, Jaume Giró, ha explicado que este fondo "tiene como principal objetivo proteger a todos los servidores públicos en el legítimo ejercicio de su cargo".

Vilagrá ha remachado que servirá para "cubrir los elementos de indefensión que en estos momentos afectan a servidores y altos cargos" de la Generalitat, en alusión a la causa del Tribunal de Cuentas.

Sobre si la Generalitat podría incurrir en un posible delito de malversación, Giró lo ha descartado y ha garantizado que el decreto tiene una "solidez jurídica impecable". "Desde el punto de vista está construido de tal manera que, todo el mundo puede opinar lo que considere, pero garantiza que no se hace una malversación de dinero público", ha explicado.

Preguntado de qué partida presupuestaria provienen los 10 millones con los que contará este fondo en un inicio, el consejero no lo ha querido concretar porque todavía no se ha hecho efectivo pero ha dicho que los recursos saldrán del ICF, "que cogerá una parte de sus recursos que gestionará los avales y contra avales".

Aplauso de la CUP

El nuevo desafío de Aragonés a la Justicia y a Moncloa ha recibido el aplauso del socio más radical de la Generalitat. La diputada de la CUP Laia Estrada ha aplaudido la decisión y ha advertido a Esquerra que el Govern "siempre debe estar al lado de la gente represaliada por defender los derechos del pueblo catalán".

No ha sido el único desplante de Aragonés a Sánchez pocos días después de su primera cumbre oficial. Su portavoz, Patricia Plaja, ha asegurado que celebran que el expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, y el exvicepresidente del Govern y líder de ERC, Oriol Junqueras, se reencuentren este miércoles en Waterloo, y ha añadido que trabajarán para que en un futuro la reunión pueda celebrarse en Cataluña.

Junqueras, junto a Romeva, este martes de gira por el Parlamento Europeo.

En la primera reacción desde el Gobierno, la portavoz, María Jesús Montero, ha optado por lavarse las manos y rehuir el cuerpo a cuerpo con Aragonés. La ministra de Hacienda ha justificado que no podía opinar sobre la norma aprobada por la Generalitat porque no conoce el acuerdo y simplemente lo han visto en titulares de prensa.

No obstante, ha precisado que el Gobierno "vela por la legalidad existente" y esto significa, ha dicho, que "todas las normas son pasadas por ese filtro de legalidad". Aunque ha añadido que cuando tengan opinión, tras conocer la norma, la harán pública.

Pero al ser preguntada sobre si la Generalitat estaría incurriendo en un delito de malversación como ha avisado el Tribunal de Cuentas y si el Gobierno está dispuesto a recurrir el pago de esa multa con fondos públicos, Montero se ha limitado a señalar que, sobre el tipo de delitos que pueda o no haber, "no le corresponde al Gobierno juzgar".

Horas después, desde Estonio, Pedro Sánchez ha garantizado que si el fondo no se ajusta a derecho, se recurrirá. "Nosotros siempre hemos defendido que todo lo que se apruebe por todos lo Gobiernos autonómicos tiene que estar sujeto a derecho. Vamos a estudiar la decisión que se ha tomado y si está sujeto a derecho, nada que objetar, y si no, tendremos que recurrirlo", ha afirmado.

"Inadmisible malversación"

Desde las filas del PP, el propio Pablo Casado ha exigido a Sánchez aclarar si va a evitar la "inadmisible malversación" que supone que la Generalitat vaya a cubrir las fianzas por el procés.

Tras asegurar que se trata de un "fraude de los que malgastaron el dinero de los españoles para dar un golpe al Estado", Casado ha anunciado que su partido denunciará por malversación y prevaricación a la Generalitat y recurrirá solicitando la inhabilitación de los que aprueben ese fondo.