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Una exfiscal general alza la voz y se suma a la petición de dimisión de Delgado

Consuelo Madrigal, Fiscal General del Estado en los años 2015 y 2016, se suma a la oleada de peticiones de dimisión contra Dolores Delgado

Dolores Delgado

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A le siguen lloviendo las críticas y presiones por el desempeño de su puesto como fiscal. Esta vez ha sido el turno de la exfiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, que ha anunciado su afiliación a la Asociación de Fiscales (AF), posicionándose así en la guerra que tienen los fiscales contra la actual fiscal general del Estado, Dolores Delgado, a quien reclaman la dimisión por considerar que carece de idoneidad por su directa procedencia de la política y sus "erráticas y sectarias" actuaciones.

La que estuviera al frente de la Fiscalía General del Estado entre 2015 y 2016 ha solicitado el ingreso "después de conocer las conclusiones del Congreso". "La AF recoge los valores que comparto, respeto y aprecio y es por ello que hoy anuncio mi afiliación a la asociación", ha dicho Madrigal, quien en más de 40 años de servicio no ha estado "relacionada con el mundo asociativo" al no haber estado afiliada a ninguna de las tres asociaciones de fiscales.

En los últimos días, la asociación ha exigido la dimisión de Delgado argumentando que sus decisiones ante la Fiscalía General del Estado han causado "un grave daño al prestigio del Ministerio Fiscal" y que su permanencia en el cargo es "incompatible con la imparcialidad y los principios constitucionales que rigen" en la institución.

La Asociación de Fiscales recuerda, así mismo, que la fiscal general del Estado “tiene la obligación legal de abstenerse en todos aquellos asuntos en los que tenga algún tipo de interés personal, familiar o que afecten a políticos, abarcando la imposibilidad de recabar información en aquellos en los que no deba intervenir”.

Las solicitudes de dimisión se le acumulan a Dolores Delgado, ya que no solo los fiscales están en contra de su puesto. Ciudadanos y el Partido Popular también han llegado a pedir su cesión tras conocer las presuntas irregularidades del 'caso Stampa'.

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