"Escándalo ERE": el juez rastrea otros 3,4 millones malversados por PSOE y CCOO

El exdirector de Trabajo de la Junta de Andalucía, Daniel Alberto Rivera, tendrá que volver a visitar los juzgados de Sevilla porque una nueva investigación recae sobre él. El alto cargo durante el gobierno del PSOE-A en la Junta se libró del juicio de la pieza principal de los ERE (Expedientes de Regulación de Empleo) denominado 'procedimiento específico' en el que se condenó a los expresidentes socialistas Manuel Chaves y José Antonio Griñán junto a otros exconsejeros de Trabajo y Empleo y altos cargos en la administración autonómica.

Pero aunque esquivó en esa ocasión a la justicia, Rivera está investigado en la mayoría de las más de 80 piezas en las que se ha dividido esta macrocausa judicial y el paseíllo a los tribunales ya se ha convertido en un acto habitual más que puntual.

Ahora tiene un nuevo problema por delante. El juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla continúa con las diligencias previas contra cinco personas investigadas, entre ellas el exdirector, centrada en las presuntas irregularidades en las ayudas que la Junta de Andalucía habría concedido por un importe de al menos 3.466.088 euros a la empresa Springer Arteferro S.C.A., constituida en el año 1995 y que tenía como objeto social la fabricación de mobiliario y objetos de decoración.

El magistrado toma esta decisión “por si los hechos denunciados pudieran ser constitutivos” de presuntos delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y falsedad documental, dando traslado de la causa a la Fiscalía Anticorrupción. Los cinco investigados además de Rivera, son dos responsables de la empresa que recibió las ayudas, un representante del sindicato CCOO y un directivo de la mediadora Uniter S.L.. Asimismo, el instructor señala en calidad de responsables civiles subsidiarios a las entidades Springer Arteferro, CCOO de Industria, Confederación Sindical de CCOO y Confederación Sindical de CCOO de Andalucía.

El juez señala "la abusiva y arbitraria disposición de fondos públicos"

En el auto, el magistrado precisa que el objeto de esta pieza “lo constituye la presunta ilicitud de las ayudas sociolaborales o excepcionales facilitadas” entre los años 2004 y 2010 por la Dirección General de Trabajo a la mercantil, que habrían tenido por objeto, fundamentalmente, el pago de las indemnizaciones por despido de 28 socios cooperativistas afectados por dos ERE mediante la financiación de un seguro de rentas.

En este sentido, resalta que, vinculado a uno de los ERE, se formalizaría una póliza de seguro colectivo de rentas de prejubilación para once extrabajadores de la empresa con una determinada aseguradora figurando en la misma como tomador, “sin justificación alguna para ello”, la Federación Minero-Metalúrgica de CCOO, representada por el sindicalista investigado, póliza de seguro donde presuntamente se incluyó a un ‘intruso’, persona que no era trabajadora de la empresa y que no figuraba en la relación de afectados por el ERE.

Según asevera el magistrado, “los fondos públicos fueron comprometidos y dispuestos bajo el supuesto y ficticio camuflaje de ayudas excepcionales sociolaborales individuales, cuando lo que se pretendía era allegar fondos para financiar el proceso de viabilidad y reestructuración empresarial de una sociedad de naturaleza privada. A ello añade las injustificadas coberturas y condiciones de las pólizas, así como la discrecional selección de las compañías aseguradora y mediadora.

“En definitiva, y en todo caso, se habría producido una abusiva y arbitraria disposición de fondos públicos carente de amparo normativo alguno y en franca contradicción con los principios generales que integran el Orden Público administrativo y financiero que articula la gestión y disposición del Patrimonio Público, en este caso, autonómico”, pone de manifiesto el juez.