ESdiario

Serias dudas entre los juristas sobre la posible ley de amnistía

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, a su llegada a la Sesión Constitutiva de la XV Legislatura en el Congreso de los Diputados.

Publicado por
Marcos Gómez

Creado:

Actualizado:

La posible ley de amnistía que aprobaría el hipotético gobierno de Pedro Sánchez con los socios independentistas trae de cabeza a los justistas, que estudian las opciones de sacarla o no adelante, teniendo en cuenta la Carta Magna y los precedentes.

Expertos constitucionalistas coinciden en que existen "dudas" y "controversia" sobre el posible encaje legal de una eventual ley de amnistía para los líderes investigados por el 'procés' y la declaración unilateral de independencia. Aseguran que hay quienes ven esta medida contraria a la Constitución y quienes consideran que la Carta Magna no la prohíbe de forma expresa; precisan, sin embargo, que todo dependerá de cómo se redacte y se tramite.

Xavier Arbós, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona, recuerda que hay quienes sostienen que la amnistía cabe en la Constitución porque, aunque ésta prohíbe los indultos generales, Por contra, apunta que hay quienes consideran que es inconstitucional porque la Carta Magna atribuye al Poder Judicial la competencia para juzgar y cree que la amnistía, en la práctica, borra esta acción de los tribunales.

Xavier Arbós: hay quienes sostienen que la amnistía cabe en la Constitución porque, aunque ésta prohíbe los indultos generales

Miguel Presno Linera, experto en Derecho Constitucional y catedrático de la Universidad de Oviedo, reconoce que hay controversia sobre el hecho de que el término "amnistía" no se mencione en la Constitución, porque hay debate sobre si ello debe entenderse "como una prohibición o como un permiso".

Por su parte, Carlos Vidal, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), tiene menos dudas y considera que una eventual amnistía para los investigados y condenados por el 'procés' introduciría "desigualdad" porque permitiría aplicar la ley para unos y no para otros por los mismos hechos que están penados en el Código Penal.

Carlos Vidadal: una eventual amnistía para los investigados y condenados por el 'procés' introduciría "desigualdad"

"La ley sigue existiendo, pero haces una ley (de amnistía) para decir que tales artículos no se aplican a determinadas personas", apunta Vidal al tiempo que destaca que ello supondría una vulneración de un derecho fundamental de todas las demás personas. "No se trata de derogar una ley penal, sino de dejar de aplicarla en determinados casos. Justificar esto es complicado. El juicio de proporcionalidad es muy complicado", añade.

Afecta al poder judicial

Arbós, que recalca que no entra a valorar si sería o no oportuno redactar dicha ley, considera que podría entenderse "contraria a la Constitución porque afecta al Poder Judicial".

"Quienes sostienen que sería constitucional tienen el argumento de que la Constitución no lo prohíbe. A mí este argumento no termina de convencerme", señala el jurista y explica que él tiene dudas sobre el encaje legal porque la Carta Magna contempla la potestad de juzgar de jueces y tribunales y la amnistía, en cierto modo, afecta dicha potestad.

En este sentido, señala que, a diferencia de un indulto -con el que un tribunal puede ver que se elimina el cumplimiento de la pena, pero no se elimina la condena ni la verdad jurídica-, la amnistía "borra por entero" lo juzgado. Presno Linera coincide y considera que la amnistía "podría ir en contra del principio de que corresponde en exclusiva a los tribunales juzgar y hacer ejecutar lo juzgado".

A diferencia de un indulto -con el que un tribunal puede ver que se elimina el cumplimiento de la pena, pero no se elimina la condena ni la verdad jurídica-, la amnistía "borra por entero" lo juzgado

Al hilo, Arbós menciona otro aspecto que, a su juicio, podría plantear algún "problema". Señala que una eventual ley de amnistía para los procesados y condenados por el 'procés' se podría aplicar, "con muchas comillas", al "otro bando", en referencia a los policías y guardias civiles que tienen procedimientos incoados por su comportamiento el 1-O.

Sobre este extremo, asegura que podría verse afectado el derecho a la tutela judicial efectiva de aquellas personas que emprendieron acciones legales en los tribunales contra agentes de la autoridad por presuntos delitos de lesiones.

Arbós reitera que una eventual ley de amnistía es una "cuestión técnica" que para él "no está clara"

Aún así, Arbós reitera que una eventual ley de amnistía es una "cuestión técnica" que para él "no está clara". Pero insiste en que aunque es un asunto que colma ahora el debate político "en el plano estrictamente académico es bastante antiguo".

Al margen, el catedrático recalca que "cualquier ley es constitucional mientras el Tribunal Constitucional (TC) no se haya pronunciado declarándola inconstitucional". En este sentido, recuerda que en caso de que se firme dicha norma es posible que el Defensor del Pueblo, alguna comunidad autónoma o un grupo de más de 50 diputados presente un recurso de inconstitucionalidad ante la corte de garantías, que se pronunciaría para resolver esta cuestión "controvertida".

Difícil de justificar

Al hilo, Presno Linera recuerda que el Constitucional se pronunció en 1986 y admitió que podía haber amnistía, algo que -a su juicio- llevaría a pensar que en todo caso no estaría prohibida. "Lo que pasa es que el propio Tribunal Constitucional, en esa sentencia, le atribuye un carácter totalmente excepcional y en realidad lo que hace es vincularla a la propia amnistía del año 1977", señala.

Así las cosas, considera que "en el mejor de los casos el legislador tendría una facultad excepcional y, por tanto, tendría que justificar dicha ley de amnistía". Además, subraya que "esa ley sería constitucional si no vulnera algún otro tipo de derecho o bien constitucionalmente protegido".

En este sentido, a Presno Linera le parece "muy difícil de justificar una amnistía que consista en excluir la persecución de determinadas conductas delictivas" porque "podría afectar al derecho a la tutela judicial efectiva de las personas perjudicadas por los hechos".

tracking