Sánchez se quita la careta y enseña el plan para pactar con Puigdemont

El presidente del Gobierno en funciones aspira a ser reelegido en una futura investidura si no llega a buen puerto la de Alberto Núñez Feijóo. Esa hipotética investidura de Pedro Sánchez pasa de forma obligada por llegar a un acuerdo con Junts, el partido del fugado Carles Puigdemont, además de lograr también el apoyo de Bildu, ERC, Sumar y PNV.

Puigdemont ya ha puesto precio a sus siete votos en el Congreso: amnistía y autodeterminación. A priori podría pensarse que son condiciones inasumibles para cualquier partido constitucionalista, pero Sánchez ya ha dejado ver que para él no hay nada inasumible.

En la rueda de prensa celebrada en la Moncloa tras ser recibido por el Rey este lunes, el presidente del Gobierno en funciones ha dejado ver que no tiene problema para aprobar una ley de amnistía que borre de un plumazo los delitos de los dirigentes separatistas que participaron en el ‘procés’.

Una frase lapidaria evidencia que él piensa aprobarla y que luego otros decidirán si es o no es constitucional. “No me corresponde a mí decir qué es constitucional, afortunadamente para eso tenemos al Tribunal Constitucional”, dijo en esa comparecencia a preguntas de la prensa.

Es decir, el Gobierno no tiene por qué valorar si lo que aprueba está dentro de la Constitución o no, ese no es su problema. Aprobará lo que más le convenga y luego el TC decidirá. Como poco la frase denota una tremenda irresponsabilidad de la persona que dirige España. A él no le incumbe la constitucionalidad de lo que apruebe el Consejo de Ministros o respalde su grupo parlamentario en el Congreso.

Sánchez tiene que negociar también la autodeterminación con Puigdemont

Además choca con su aseveración, en esa misma rueda de prensa y en otras, de que "el diálogo es el método y la Constitución es el marco". Si la Constitución es el marco no es coherente que diga que a él no le toca valorar si sus medidas son constitucionales.

Más allá de la propaganda y los eslóganes, parecen claras sus intenciones: aprobar lo que le exijan Puigdemont y los demás separatistas y que el TC de mayoría de izquierdas decida, con Cándido Conde Pumpido a la cabeza y un ex ministro de Justicia de Sánchez entre los magistrados.

La ley de amnistía por lo tanto no va a ser un problema para Sánchez a falta únicamente de negociar los términos y los detalles concretos de hasta dónde llega, a quién afecta y cómo se materializa.

Queda pendiente, eso sí, el tema de la autodeterminación, pero nada le impide aplicar la misma fórmula: “No me corresponde a mí decir qué es constitucional”. Así, por ejemplo, no sería descabellado pensar que el Gobierno se comprometa a alguna fórmula de consulta sobre el futuro de Cataluña y que el TC decida si lo avala o no.