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Sigue el enfado: exdiputados del PSOE contra Armengol y las lenguas cooficiales

24 socialistas, algunos en el partido y otros no, se unen a 37 de derechas para mandar un escrito a la presidenta del Congreso y mostrar su rechazo a la medida impuesta por los separatistas.

La presidenta del Congreso, Francina Armengol, durante la Sesión Constitutiva de la XV Legislatura en su puesto como presidenta del Congreso.

Publicado por
Raúl Puente

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A pesar de que los servicios jurídicos del Congreso consideraban "muy difícil, si no imposible", aplicar de forma inmediata o a corto plazo la reforma del reglamento que permitiría utilizar las lenguas cooficiales en la Cámara, finalmente la necesidad del PSOE y de Pedro Sánchez de conseguir el apoyo de los independentistas pudo más. Y es que está fue la primera condición que los separatistas exigieron al presidente del Gobierno en funciones para apoyarles en la constitución de la Mesa del Congreso. Finalmente, gracias a ellos, PSOE y Sumar se hicieron con el poder y Francina Armengol con la presidencia del Congreso.

La maquinaria socialista comenzó a funcionar para acortar los tiempos normales en medidas de este tipo y así cumplir con su promesa a los separatistas y a los filoetarras de Bildu. Catalán, vasco y gallego podrán ser utilizados en un futuro no muy lejano por los diputados, con la inversión económica que eso supone. Una medida a la que han mostrado su rechazo el PP y Vox. Ahora han sido exdiputados del propio PSOE y del Partido Popular, en concreto 61, los que han firmado una carta dirigida a Armengol para intentar frenar esta decisión.

La esperanza es poca pero no por ello no van a dejar de mostrar su negativa a la misma. Por ello, 24 exdiputados socialistas se han unido a este mensaje dirigido a la presidenta del Congreso que, haciendo oídos sordos de lo que dicen los expertos para cumplir los deseos del jefe, ha aprobado el cambio. Entre esos 24 antiguos parlamentarios se encuentran miembros actuales del partido y otros tantos que ya no están, bien por motu proprio o al ser expulsados.

Sin ir más lejos, firman el manifiesto Joaquín Leguina, expulsado a finales del año pasado, y Nicolás Redondo, del que forzaban su salida este mismo jueves debido a su rebelión contra la más que posible ley de amnistía. El enfado del denominado “viejo socialismo” es palpable, con Felipe González y Alfonso Guerra (que no aparecen como firmantes en este caso) a la cabeza de esa rebelión. Sin ir más lejos, el propio Leguina confesó esta semana que había votado por primera vez al PP en las elecciones del 23 de julio porque “no iban en contra de la Constitución”.

“Un trágala inaceptable”

A ellos se han sumado 37 exdirigentes del PP, UCD y UPyD. Todos ellos consideran que la medida contradice la Constitución, no se adecua a nuestra realidad lingüística y es un “trágala inaceptable”.

Ningún español necesita de intérprete cuando habla con otro español

Entre los firmantes aparecen también tres exministros socialistas: José Luis Corcuera, Virgilio Zapatero y Javier Sáez de Cosculluela. También los dos expresidentes del Senado, Javier Rojo y Juan José Laborda, junto a otras personalidades del socialismo como el expresidente de la Junta de Andalucía, José Rodríguez de la Borbolla; el exalcalde de La Coruña, Francisco Vázquez; los exeurodiputados Alejandro Cercas y Pedro Bofill; los exdiputados José María Mohedano, Ciriaco de Vicente y Jesús Cuadrado; el exsecretario general de Madrid Tomás Gómez o el exdiputado en el Parlamento vasco José Antonio Maturana.

Junto a ellos, 37 exdirigentes del PP, UCD y UPyD, como los exministros Juan Carlos Aparicio, María Dolores de Cospedal, Rafael Catalá, Miguel Arias Cañete, Federico Trillo o Isabel Tocino; la expresidenta de UPyD Rosa Díez o el exministro de UCD Jaime Lamo de Espinosa.

El exministro de Defensa Federico Trillo

La pretensión de que la mitad de la Cámara imponga una reforma de tal calado es un trágala inaceptable, una verdadera ruptura de las reglas propias de cualquier sistema democrático

Todos ellos defienden y apoyan que el castellano es la "lengua oficial del Estado" con la que se ha debatido, dialogado y cumplido la misión de los parlamentarios "a lo largo de estos 46 años de democracia", por lo que quieren dejar constancia a Armengol del "gran estupor" y "consternación" que les ha causado la iniciativa.