Los jueces plantan cara: mueven ficha por el ataque de la vicepresidenta Ribera

Este viernes el Gobierno ha dado otro paso más en su particular guerra con la mayoría de jueces de nuestro país. No sabemos si premeditadamente o no, la vicepresidenta Teresa Ribera ha provocado otro terremoto al criticar al juez de la Audiencia Nacional y encargado de instruir la causa de ‘Tsunami Democrátic’, Manuel García Castellón.

El letrado ha decidido enviar finalmente el procedimiento al Tribunal Supremo para que se investigue al expresidente catalán y líder de Junts, Carles Puigdemont, a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y a otras diez personas por presuntos delitos de terrorismo. Decisión que no ha gustado a una Ribera que, no lo olvidemos, representa al Gobierno de Pedro Sánchez.

“Tiene una implicación política importante y suele salir a colación en momentos sensibles”, expresaba concretamente la también ministra de Transición Ecológica en una entrevista en TVE. Un ataque que, como era de esperar, no ha gustado al colectivo de jueces y varias organizaciones y asociaciones han salido al paso para defender a su compañero y sobre todo su trabajo e independencia en la toma de decisiones.

Por ejemplo, la Comisión Permamente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que ha aprobado este viernes por unanimidad expresar su "rotundo rechazo" a las críticas vertidas por Ribera porque consideran que son totalmente contrarias "al deber de respeto a la independencia judicial" y "al principio de lealtad institucional".

Desde este organismo apuntan a que estos dos conceptos "son inherentes a un Estado de Derecho consolidado e integrante de la Unión Europea, siendo uno de sus valores esenciales la separación de poderes, imprescindible para hacer realidad el valor Justicia". Por todo ello muestran su rechazo a este tipo de declaraciones que "merman la confianza de nuestros conciudadanos en la Justicia y contribuyen al deterioro institucional, máxime si interfieren en una investigación en curso de los hechos".

También ha salido al paso para defender a su integrante la propia Audiencia Nacional, que ha negado rotundamente que García Castellón actúe con "una pretendida motivación política" y avalan las diligencias de investigación acordadas por el juez.

Las asociaciones de jueces también muestran su rechazo a las palabras de Ribera

No solo el CGPJ y la AN han dado un paso al frente tres de las cuatro asociaciones de jueces mayoritarias en España: la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y el Foro Judicial Independiente. En el caso de la primera, la APM -mayoritaria de la carrera judicial- afirman rotundamente que "no es de recibo" en un Estado de Derecho que un miembro del Ejecutivo "acuse veladamente a un juez de prevaricar" como lo ha hecho la señora Ribera.

Lo que resulta inaceptable es este ataque permanente a la independencia judicial por parte de quienes tiene las más altas responsabilidades políticas, tratando de socavar la confianza de los ciudadanos en el Poder Judicial y, en definitiva, los pilares sobre los que se asienta nuestro Estado de Derecho

Desde la AJFV su portavoz, Sergio Oliva, ha pedido que se respeta la labor de los jueces con una frase del todo clara: “Los tiempos de la justicia no son los tiempos de la política”. Defiende a su compañero García Castellón explicando que los pronunciamientos de un juez en una resolución judicial obedecen a actuaciones procesales de las partes y "no surgen por arte de magia". Por último ha afeado las palabras de Ribera afirmando que lo único que hacen es desprestigiar y señalar a los jueces, algo que “solo genera desconfianza en los ciudadanos”.

En la misma línea se ha pronunciado el portavoz de Foro Judicial Independiente, Fernando Portillo, que parafraseando a la vicepresidenta, ha criticado la "querencia de los políticos a protestar cuando las decisiones judiciales no les convienen, o por contenido, o por momento, o por ambas cosas". Sobre el reciente auto de García Castellón defiende que si la Fiscalía no hubiese recurrido la decisión inicial del juez, este no se habría tenido que pronunciar justo en este momento.

La causa lleva años investigándose y que "lo que no se puede hacer es acomodar su tramitación a los intereses políticos de nadie según el momento, parando cuando no vaya a molestar a ningún partido y acelerándose cuando convenga a otros