Están avisados: los expertos alertan de las graves consecuencias de la Ley trans

El Congreso de los Diputados ha dado luz verde definitiva a la denominada 'Ley trans'. Nos encontramos ante una nueva ley que va a producir graves efectos nocivos como la 'Ley del sí es sí', y que sin duda, deberá ser derogada lo antes posible cuando haya un cambio de gobierno.

El informe del CGPJ es demoledor. Así pues, el órgano de gobierno de los jueces ha alertado por unanimidad que la 'ley trans' va a producir efectos muy graves al “orden público al permitir los cambios ilimitados de sexo sin contar con informes médicos o psicológicos, y sin límite temporal alguno”.

Una vez entre en vigor la ley podremos encontrarnos situaciones en los Juzgados encargados del Registro Civil en las que cualquier ciudadano podrá cambiar de sexo tantas veces como desee, ya que la ley establece que “transcurridos seis meses desde la última rectificación de sexo, se podrá seguir promoviendo nuevas rectificaciones sin límite cuantitativo alguno”, solo será necesario una petición y que el Juez acceda.

Lo grave es que no existe ninguna medida que el Juez pueda exigir previamente, ya que no se prevé que pueda acudir a profesional alguno para que le auxilie en la toma de decisión, por lo que muchos juristas consideran que no podrá resolver negativamente la petición efectuada.

El informe del CGPJ concluye que esta ley afecta a la estabilidad del estado civil de las personas y que va a provocar una grave inseguridad jurídica. No podemos obviar que este informe alerta de la posibilidad de que la ley favorezca el fraude y que el cambio de identidad de género pueda ser utilizado para fines ilícitos.

Principales cambios de la ley trans

La ley va a permitir el cambio de sexo libremente a partir de los 16 años sin necesidad de autorización; de 14 a 16, los menores necesitarán el acompañamiento de quienes ostenten la patria potestad y de 12 a 14, la autorización judicial.

El problema de la transexualidad debe tener una respuesta social y judicial, pero esta ley va a provocar un retroceso en sus reivindicaciones al provocar una desafección ciudadana ante las graves consecuencias que va a producir, como ha ocurrido en otros países europeos que están dando marcha atrás.

En Escocia se produjo una gran alarma social cuando un violador decidió cambiar de sexo tras ser acusado de agredir sexualmente a dos mujeres, beneficiándose de la legislación “trans”. Este rechazo popular a la ley ha provocado la dimisión de la primera ministra escocesa tras ser anulada por el gobierno del Reino Unido.

Mientras en España se ha aprobado una ley mucho más permisiva que la escocesa, con el total respaldo de Pedro Sánchez, que ha humillado a las feministas socialistas como Carmen Calvo, Amelia Valcárcel entre otras, que han definido la ley como “monstruosa” por provocar graves consecuencias en “la lucha por los derechos de las mujeres y sobre la salud e integridad de la infancia”. Sobre todo, denuncian que “existe el peligro de que alguien pueda cambiar de sexo para eludir las responsabilidades en las denuncias por violencia de género”.

Además, esta ley elimina la referencia a padre y madre, creando el término “progenitor no gestante y progenitor gestante”, cambio realmente absurdo y que lo único que va a conseguir es un mayor rechazo social.

Esta ley nos afecta a todos los ciudadanos por las consecuencias que puede tener en la convivencia ya que puede ser utilizada para fines no queridos. Realmente, con este texto no se quieren resolver los problemas del colectivo trans, que lo último que desean es que se frivolice su reivindicación permitiendo que cualquiera pueda cambiar de sexo a su voluntad cada seis meses, sino que estamos de nuevo en la obsesión de esta izquierda que nos gobierna de utilizar los textos legales para imponer una ideología sectaria, que tiene como finalidad realizar una ingeniería social.

El presidente socialista de Aragón ha acuñado un término para referirse a estas leyes aberrantes que aprueba el partido del que forma parte: “ feminismo cínico y extravagante”, pero estas quejas se quedan en simples palabras, porque los diputados y senadores socialistas, incluidos los de Aragón, siguen votando estos textos “cínicos y extravagantes”.