Los barceloneses, hartos de Ada Colau, plantan cara a los okupas a pesar de todo
El clima que ha creado la alcaldesa y su permisividad con los okupas está convirtiendo Barcelona en una ciudad donde la tensión marca el día a día de sus habitantes, hartos de la inseguridad
Una mujer grita en la concentración en apoyo a los afectados por la okupación.
Centenares de agentes antidisturbios de los Mossos d’Esquadra blindaron este martes por la noche la zona alta de Barcelona, concretamente el barrio de la Bonanova. El objetivo del operativo policial era doble. Por un lado evitar que los manifestantes convocados por la denominada “Acción Antifascista” confluyeran con los asistentes a la concentración de rechazo convocada por colectivos vecinales. Y, por otro, “garantizar la seguridad y el derecho de manifestación de ambos grupos”.
Tras más de cuatro años, las casas de “La Ruina” y “El Kubo” del emblemático barrio barcelonés se encuentran ocupadas ilegalmente por grupos violentos y antisistema. Algo que ha despertado el fervor de los vecinos de la ciudad condal que clamaron su desalojo al grito de “Fuera delincuentes de nuestros barrios” y “Fuera okupas de la Bonanova”.
Tras el cordón policial, los grupos antisistema corearon proclamas como “Fuera pijos de la Bonanova” y aseguraron que en caso de desalojo “harían arder el barrio”, algo que ya advirtieron el pasado 23 de marzo con la última orden de desalojo finalmente fallida.
A todo ello ha de añadirse el contundente mensaje que lanza el grupo Desokupa en sus redes sociales. Advierten que una cincuentena de integrantes de la plataforma se personarán en las inmediaciones de los inmuebles ocupados el próximo 11 de mayo a las 21h acompañados de entre tres y cinco mil ciudadanos que les brindaran apoyo. También avisan que los grupos antisistema han “traspasado una línea roja” y se muestran convencidos de su capacidad para el desalojo. Algo que, naturalmente, preocupa al consistorio barcelonés dada la escalada de violencia que puede producirse.
Por lo tanto, ¡sí! Vuelve la tensión a las calles de Barcelona. Esta vez fruto de la ocupación ilegal que ha sido permitida y avalada por el consistorio de la alcaldesa Ada Colau.
¿Por qué no pueden desalojar a los okupas de la Bonanova?
Los ocupas de la Bonanova sí que pueden ser desalojados. De hecho, serán desalojados. El problema radica en la necesidad de los Mossos d’Esquadra de contar con la preceptiva orden judicial de desalojo, algo que el Juzgado no ha librado desde que el 23 de marzo suspendiera la última diligencia de lanzamiento acordada. La ocupación ilegal es uno de los problemas más comunes de los últimos tiempos, problema que se agravará con la entrada en vigor de la nueva ley de la vivienda que dificulta enormemente la recuperación de la posesión por su legítimo titular.
Varias personas intentar evitar el desalojo de la policía de una nave industrial okupada en Badalona
En el caso concreto, la ley establece que los okupas violentos deberán ser notificados de la hora y fecha en la que se vaya a producir el lanzamiento forzoso. Imagino que el legislador no debió pensar ni en las pistolas de balines ni en las amenazas de incendiar el barrio en caso de desalojo. Esa es la lacra legislativa con la que nos toca vivir. La propiedad privada es un derecho constitucional de inmerecido reconocimiento, mientras que el derecho a la vivienda todo lo puede, incluso la ocupación ilegal en caso de vulnerabilidad.
¿Cuál es la solución a la falta de vivienda?
Sabido es por todos que uno de nuestros deberes para las próximas legislaturas es solucionar el problema que viven los ciudadanos para acceder al mercado de la vivienda. Por un lado los precios del alquiler son muchas veces inasumibles, mientras que los procesos de endeudamiento de los bancos se han endurecido hasta tal punto que resulta prácticamente inviable formalizar una hipoteca. Y para que hablar de los tipos de interés.
Ahora bien, esos problemas no se solucionan mediante medidas populistas como las introducidas en la nueva ley de vivienda. No se solucionan limitado al 2% el incremento de renta en los alquileres. Ni interviniendo el mercado del alquiler (perteneciente al derecho privado, por cierto; y no al público). La solución pasa por construir un parque público de vivienda suficiente para hacer frente a las demandas de la sociedad. Un parque sufragado con dinero público que pagamos todos los contribuyentes, precisamente, para el sostenimiento del gasto público.
¡Basta ya de creernos el cuento! El problema de la vivienda es consecuencia de una mala y negligente gestión de los recursos públicos presupuestarios. Está claro que limitar los precios del alquiler, por muy bonito que pueda sonar, no es la solución al problema. Eso sólo reduce la oferta de pisos en el mercado y, por consiguiente, aumenta su precio. Además de repeler a los inversores y, en consecuencia, contribuir a la pérdida de puestos de trabajo.
¿Hasta cuándo seguiremos creyéndonos el cuento?