Acuerdo para la ley de amnistía: ¿Corre peligro el Estado de Derecho en España?

Alberto Núñez Feijóo en su intervención en el plenario del Congreso del PPE que se está celebrando estos días en Bucarest ha arremetido duramente contra el Presidente del Gobierno Pedro Sánchez. El líder del PP acusa al premier español de que su acuerdo con las formaciones independentistas catalanas respecto a la Ley de Amnistía, va a dejar impunes delitos gravísimos contra el corazón de la UE. Ante esta afirmación del líder del primer partido español en las urnas, cabe preguntarse si en España corre peligro el Estado de Derecho. Todo indica que la respuesta podría ser afirmativa, pero ¿por qué?

En primer lugar porque esta Ley de Amnistía no figura en el contrato social presentado por los partidos políticos ante la sociedad el pasado mes de julio, lo que hace que su aprobación se hace a espaldas de la sociedad y sin contar con ella, en una medida que no figura en una Constitución que ni siquiera ha sido modificada por consenso para su inclusión.

En segundo lugar, para la aprobación de esta Ley de Amnistía se ha pretendido hacer ver a la sociedad que la Comisión de Venecia -órgano consultivo del Consejo de Europa- da el visto bueno a la misma. Esto no es cierto dado que se ha utilizado de manera sesgada un borrador elaborado a modo de ponencia, lo que supone un documento base para una discusión y no un criterio definitivo. Se adoptará seguramente la semana que viene a la vez que en el Congreso de los Diputados se lleva a pleno esta ley.

Por otro lado, lo que realmente dice la Comisión de Venecia en dicho borrador, es "que se reconoce que en muchos estados, la anmistía es posible, pero que dada su importancia debería ser adoptada por una amplia mayoría parlamentaria, no siendo de su competencia la valoración de esta ley". Una cuestión que corresponde "a los órganos internos, aunque dado su controvertido constitucionalismo, sería bueno que se adoptara mediante una reforma constitucional".

Esta comisión consultiva del Consejo de Europa en materia de justicia considera que no debería de haberse tratado a modo de urgencia, contando con los informes técnicos preceptivos. Por otro lado, aunque considera que la “reconciliación” puede ser un objetivo legítimo, defiende que se debería de haber hecho un estudio sobre el impacto de la norma para ver si cumple el principio de proporcionalidad -incluyéndose a las personas debidas-, debiendo de clarificar mejor el objetivo de lo anmistiable en relación con la malversación. También es evidente una falta de claridad en cuanto a las medidas cautelares, en relación a la cuestión de inconstitucionalidad.

Además de esta ponencia base que va a terminar de discutir la Comisión de Venecia, en la Comisión de Justicia del Congreso se han aceptado unas enmiendas transaccionales a la Proposición de Ley que han sido incluidas en la comisión sin calificación, dejando claro la prisa desde el gobierno para aprobar la Amnistía. Y es que su supervivencia -junto a la aprobación de los PGE- depende de la voluntad de sus socios de gobierno y esto puede suponer un gran respiro a un Pedro Sánchez cada vez más acorralado no sólo por su dependencia política de grupos afectados por la Amnistía, sino por la dimensión que ha cogido el inicial "caso Koldo", convertido en "caso Ábalos", transformado en "caso PSOE" y evolucionando quizás a "caso Pedro Sánchez".

Analizando las causas y los porqués de estas actuaciones y actitudes del poder que dan la espalda a la sociedad, parece claro que se basan y centran en intereses personales, es decir, conservar los votos necesarios para seguir en Moncloa. Por ello se puede formular claramente la pregunta: ¿En España corre peligro el Estado de Derecho? Yo digo que sí, ¿y Vds?