El PSOE de Espadas defiende la corrupción: la Faffe "cumplía con sus funciones"
Los socialistas zanjan la comisión de investigación sin detectar ninguna irregularidad en la Fundación que investigan los juzgados, por el despilfarro de dinero público y los enchufes.
El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, abraza a su antecesora, la expresidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz.
El Partido Socialista en Andalucía no sabe como escapar de los escándalos de corrupción y ha decidido optar una defensa bastante previsible en sus conclusiones sobre la comisión de investigación de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe).
La extinta fundación está investigada por la justicia al existir evidencias de que era la herramienta utilizada para desviar fondos públicos de la Junta, que luego se gastaban en prostíbulos, y donde enchufaban a los afines al PSOE. Sin embargo, desde estas siglas hoy han defendido que la Faffe "cumplía con sus funciones".
Así lo ha asegurado la secretaria del grupo parlamentario del PSOE-A, Soledad Pérez. que ha añadido que el modo de operar "se mantiene" en el actual Servicio Andaluz de Empleo (SAE), que absorbió a los trabajadores de la Faffe. "No ha cambiado nada. Mismas subvenciones, mismos trabajadores y misma forma de tramitar", ha afirmado Pérez.
A pesar de lo mucho que ya se conoce sobre el despilfarro del dinero de los parados, nada de esto han visto en las más de sesenta sesiones celebradas y justifican la investigación en el interés partidista y "electoral" de PP y Cs. "Ha sido un montaje electoral", ha aseverado la diputada.
El mismo argumento que la representante ha usado en la comisión antes de las comparecencias de los exconsejeros, la mujer del secretario Juan Espadas o con Susana Díaz. Así han ido justificado sus citaciones en el interés del resto de grupos, excepto de Unidas Podemos, que han preguntado con desánimo y desaparecieron en las últimas sesiones.
Además, alegan que se "ha obviado el derecho a la presunción de inocencia" de los comparecientes y augura que las conclusiones generales serán "sectarias y parciales". Desde el PSOE-A han comunicado que prevén que será el argumentario utilizado para desgastarlos de cara a las próximas elecciones autonómicas.
La parlamentaria socialista Soledad Pérez, en el Parlamento andaluz.
Defienden que no hay pruebas de irregularidades contables
Lo que si ha omitido el PSOE es que no sólo se han conocido graves irregularidades, a través de las declaraciones de los que optaron por colaborar con la comisión que no han sido la mayoría, o los millones que se han desviado, que el PP cifra en 480, sino que la Faffe es uno de los asuntos de corrupción que está activo y se resolverá en los juzgados.
Sobre este punto sólo han pedido que no coincida una comisión parlamentaria con un proceso abierto en los tribunales, pero lo cierto es que a raíz de algunas de las declaraciones que aquí se han escuchado se han abierto nuevas piezas judiciales. Por ejemplo, la investigación de 84 contrataciones entre ellas la mujer del senador Juan Espadas.
Pero el cinismo plasmado en el documento llega a límites desconocidos. Defienden la gestación y la actividad de la Faffe al considerar que "fue reflejo de una realidad que ocurrió de forma similar en el resto de comunidades autónomas". También que "cumplía con sus funciones" y con el objeto principal, que era el fomento y promoción de los sectores productivos, "con especial incidencia en los sectores industriales locales, en el ámbito de la formación, fomento del empleo y asistencia técnica".
No ven ni un ápice de irregularidades. Ni en su actividad, ni en sus cuentas, ni en el proceso de extinción. Es más, aseguran que "durante la vida de la Fundación de 2003 a 2011, su financiación se articuló conforme a la normativa en vigor, a través de la concesión de subvenciones nominativas o excepcionales por parte, principalmente, de las consejerías con competencias en materia de empelo y formación y del Servicio Andaluz de Empleo".
Añaden en su texto que ni de los documentos aportados, ni de las declaraciones que se han producido de los comparecientes, "se ha podido demostrar irregularidad de la realidad contable de la Fundación". Una única mención a las tarjetas black, para decir que la responsabilidad será de "la persona que haya cometido los hechos".
Quieren pasar página lo antes posible, pero antes atacan al presidente de la comisión, Enrique Moreno (Cs), y a la presidenta del Parlamento, Marta Bosquet, acusándolos de falta de neutralidad y de vulnerar los derechos de los diputados socialistas en activo que fueron citados, Ramírez de Arellano y Javier Carnero, que tuvieron que acudir a declarar, y donde también incluyen a la ministra María Jesús Montero.
